El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui reveló deficiencias en el servicio de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Puno durante una inspección. 19 motocicletas y 5 camionetas destinadas al patrullaje están paralizadas sin uso, pese a no presentar fallas mecánicas. La falta de personal operativo impide su utilización, afectando la respuesta ante emergencias y el patrullaje preventivo en la ciudad.
La Contraloría también identificó que solo 36 de las 50 cámaras de videovigilancia funcionan, dejando zonas críticas sin monitoreo. La falta de mantenimiento y la lentitud para reparar equipos inoperativos aumentan la vulnerabilidad de los ciudadanos. Según el informe, esta situación “compromete seriamente la seguridad pública” y exige acciones inmediatas de las autoridades locales.
Recursos públicos subutilizados agravan crisis de seguridad en Puno
El informe oficial señala que la inoperatividad del 28% de las cámaras y el 100% de los vehículos inmovilizados reflejan una gestión deficiente. “No hay justificación para que equipos en buen estado no se usen”, sugirieron las autoridades durante la supervisión.
Las autoridades municipales recibieron un llamado urgente para optimizar los recursos existentes. La Contraloría insistió en que la seguridad ciudadana no puede depender de la improvisación y demandó un plan concreto para reactivar los vehículos y reparar las cámaras.
El impacto de estas fallas se agrava en un contexto donde Puno registra incremento de los índices de inseguridad. “La ciudadanía merece respuestas, no excusas”, afirmó un dirigente consultado.
Mientras la Municipalidad evalúa medidas correctivas, los vecinos exigen soluciones rápidas. El 40% de los equipos de vigilancia inactivos representa un desperdicio de fondos públicos y una amenaza directa para la tranquilidad. La Contraloría anunció seguimiento estricto.
