El fiscal Mirko Cano, especialista en extinción de dominio, advierte sobre las graves consecuencias económicas que tendría para el Estado peruano el reciente fallo del Tribunal Constitucional. La decisión judicial afectaría casos emblemáticos como los de Ollanta Humala, Vladimir Cerrón y Vladimiro Montesinos, generando pérdidas millonarias.
El fallo del Tribunal Constitucional sobre extinción de dominio causaría al Estado peruano pérdidas superiores a 310 millones de soles según advirtió el fiscal especializado Mirko Cano. La decisión afectaría casos emblemáticos de corrupción ya judicializados.
Cano explica que la cifra surge de la suma de todos los casos evaluados tras conocer el pronunciamiento constitucional. Solamente la sexta fiscalía que investiga Odebrecht registra más de 800 millones de soles en riesgo de perderse para el erario público.
El caso Ollanta Humala representa una pérdida potencial de 740 mil soles según el fiscal entrevistado. Estos recursos corresponden a bienes incautados y valorizados mediante peritajes que actualmente se encuentran bajo custodia estatal y deberían ser devueltos.
Casos emblemáticos en riesgo de devolución
Vladimir Cerrón constituye otro caso significativo con pérdidas económicas estimadas en 1 millón 591 mil soles para las arcas estatales. El fiscal advierte que existen muchos casos adicionales pendientes de evaluación en diversas fiscalías del país.
La decisión del Tribunal establece que los casos anteriores a febrero 2019 ya no podrían aplicar extinción de dominio. También determina que procesos sin connotación de criminalidad organizada o considerados de bagatela deberían archivarse definitivamente.
Jorge Barata enfrenta la devolución de dos inmuebles incautados a nombre de sus hijos por la sexta fiscalía de extinción de dominio. Estos bienes están vinculados a dinero de origen ilícito proveniente del caso Odebrecht según las investigaciones fiscales.
Montesinos también resultaría beneficiado
Vladimiro Montesinos obtendría beneficios económicos a través de su testaferro Venero Garrido quien recibiría propiedades valoradas en 222 mil soles. El Estado deberá devolver estos bienes pese a existir condena penal firme contra el exasesor presidencial.
El fiscal Cano sostiene que el Tribunal Constitucional legalizó títulos de propiedad de personas que obtuvieron bienes mediante actividades ilícitas. Esta interpretación permite que patrimonios de origen criminal queden protegidos bajo el derecho de propiedad constitucional.
La efectividad del sistema de extinción de dominio alcanza más del 90 por ciento de sentencias no apeladas según datos oficiales. Los bienes incautados permitían al Estado disponer inmediatamente de recursos para obras públicas y programas sociales.
Ministerio Público solicitó aclaración al TC sobre la resolución de la extinción de dominio
El Ministerio Público presentó pedido de aclaración al Tribunal Constitucional a través de la Procuraduría Pública del Estado. El plazo para responder vencía ayer según confirmó el fiscal especializado en la entrevista televisiva.
Cano advirtió previamente al Congreso sobre las consecuencias de modificar la extinción de dominio pero sus recomendaciones no fueron consideradas. El fiscal califica como «muy peligroso» destruir un sistema que era perfectible pero efectivo contra patrimonios ilícitos.
