La provincia de San Román enfrenta una crisis en su sistema judicial debido a la falta de una unidad de Medicina Legal. El abogado Augusto Condori Quispe explicó que, al no contar con esta unidad, los informes periciales, balísticos y biológicos deben enviarse a Lima, lo que retrasa los procesos penales hasta por 12 meses. Esta situación afecta directamente a las víctimas de delitos y violencia familiar, quienes no reciben justicia oportuna.
Condori Quispe detalló que los casos de violencia familiar son los más perjudicados. Las evaluaciones psicológicas para las víctimas se están programando hasta el año 2026, lo que deja a muchas personas sin acceso a pruebas clave para sus procesos. Este retraso no solo perjudica a las víctimas, sino que también permite que los agresores queden en impunidad.
El abogado propuso una solución inmediata: la Unidad de Medicina Legal debe remitir los informes técnicos a Lima en coordinación con la junta de fiscales. Además, sugirió recategorizar la unidad de nivel dos a nivel cuatro, lo que permitiría contratar más profesionales y realizar pericias especializadas directamente en San Román. Esto reduciría los tiempos de espera y evitaría la dependencia de Lima.
Condori Quispe también mencionó que los procesos de alimentos están sufriendo demoras similares. Los órganos jurisdiccionales de San Román manejan una carga procesal excesiva, con más de 20 audiencias diarias y más de 100 demandas ingresando cada día. Estas condiciones hacen que las sentencias se retrasen hasta un año, afectando a familias que dependen de estas resoluciones.
Para solucionar este problema, el abogado instó a implementar más órganos jurisdiccionales en San Román, Puno y otras provincias con alta densidad poblacional. Según Condori Quispe, esta medida es urgente para descongestionar los juzgados y garantizar que la justicia llegue a tiempo a quienes más la necesitan.
