Norma, hermana de Paul, víctima de un violento asalto perpetrado por efectivos de la Policía Nacional el 8 de julio en ciudad de Juliaca, exige la separación del fiscal Manuel Fernando Guarnizo Alfaro por presunto encubrimiento. Los policías dispararon en cinco oportunidades y una de las balas rozó una de sus orejas; a Paul, le sustrajeron 10,000 soles y lo retuvieron durante cinco horas en circunstancias que configuran secuestro y robo agravado.
Norma R., hermana de la víctima, denuncia que el fiscal Guarnizo intentó desviar la investigación hacia un delito de lavado de activos para proteger a los efectivos implicados. «La liberación de los efectivos policiales se debió a un retraso en los informes», argumentó el fiscal según Norma, quien considera esta justificación como evidencia clara de encubrimiento institucional.
El abogado de apellido Colquehuanca renunció al caso tras recibir amenazas directas contra su seguridad personal. «No puedo continuar por temor, estoy amenazado», declaró Colquehuanca antes de abandonar la defensa legal de la familia. Esta renuncia refleja la gravedad de las presiones ejercidas para silenciar el caso judicial.
Amenazas e intentos de soborno
Familiares de los policías implicados intentaron sobornar a la familia de Paul para retirar la denuncia formal. «Nos ofrecieron devolver los 10,000 soles», reveló Norma R., quien rechazó categóricamente cualquier negociación extrajudicial. La familia mantiene su posición firme de llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales.
La familia presentó pruebas contundentes del origen lícito del dinero sustraído, incluyendo un voucher bancario que demuestra la transacción. «Mi hermano retiró 30,000 soles de Caja Cusco el día lunes», explicó Norma para desmentir cualquier teoría sobre lavado de activos. Esta documentación respaldaba la legitimidad de los fondos en posesión de la víctima.
Irregularidades en la investigación
El coronel a cargo del caso mencionó cuatro investigaciones paralelas sobre el manejo de armamento, el vehículo utilizado, el secuestro y el robo. Norma cuestionó la falta de prisión preventiva para los efectivos: «¿Por qué no les dieron prisión preventiva?». Los policías actuaron fuera de su jurisdicción territorial durante horas laborales.
La familia solicitó la intervención del Defensor del Pueblo para cambiar al fiscal Guarnizo por falta de confianza institucional. «Ya no confío en él», declaró Norma R., quien considera que existe connivencia entre el fiscal y los efectivos denunciados. Esta solicitud busca garantizar imparcialidad en el proceso judicial.
Maltrato y evidencias del crimen
Paul recibió disparos cerca de la oreja en cuatro ocasiones durante las cinco horas de retención ilegal según el testimonio familiar. «Recibió disparos cerca de la oreja cuatro veces», denunció Norma, señalando las evidencias balísticas encontradas en la camioneta donde ocurrió el incidente. Estas marcas constituyen pruebas físicas del intento de ejecución.
Norma R. expresó su indignación por la corrupción evidente en el caso: «Aquí hay corrupción clara porque se echaron la mano». La hermana de la víctima mantiene su determinación de continuar la lucha legal a pesar de las amenazas recibidas. «Voy a dar la cara hasta las últimas consecuencias», declaró públicamente.
La familia solicita apoyo de la población y medios de comunicación para visibilizar el caso de abuso policial. «En hora de trabajo cometen corrupción, no es justo», añadió Norma, exigiendo justicia y garantías para que no se repitan estos actos criminales. El caso evidencia la necesidad urgente de reforma en las instituciones de seguridad.
