La investigación realizada por OjoPúblico revela que 38 familiares directos de 30 congresistas peruanos han obtenido contratos con entidades públicas por S/1’073.211 entre julio de 2021 y octubre de 2024, a pesar de las prohibiciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado.
Las bancadas de Fuerza Popular y Bloque Magisterial lideran la lista de casos irregulares con ocho y seis familiares respectivamente. Los parientes de ambas agrupaciones acumulan las mayores sumas: S/185.574 para Fuerza Popular y S/187.800 para Bloque Magisterial.
Los vínculos familiares involucrados abarcan hermanos, hijos, cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de los parlamentarios. El análisis identificó 152 contratos, principalmente órdenes de bienes y servicios, distribuidos entre gobiernos regionales, ministerios, municipalidades, Fuerzas Armadas y universidades.
La abogada Karla Gaviño Masías, profesora de la Universidad del Pacífico, señala que existen diferentes escenarios posibles: «personas sin vinculación con el congresista que no están al tanto de su cargo o personas beneficiadas de la posición de poder de su pariente».
Los familiares de cinco congresistas concentran más de medio millón de soles en contratos. Destacan los hermanos del congresista Javier Padilla Romero de Honor y Democracia, quienes obtuvieron nueve órdenes de servicio por S/160.569 entre septiembre 2021 y marzo 2023.
El caso del congresista César Revilla Villanueva de Fuerza Popular muestra vínculos con la Universidad de Piura, donde fue docente. Sus hermanos José David y Julio César obtuvieron 11 órdenes de servicio por S/84.229, incluidos contratos con dicha universidad.
La pareja y el hermano del congresista Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial registran ocho órdenes de servicio por S/136.500. Aurelia Saavedra Anampa, su pareja, obtuvo cinco contratos por S/102.500 con programas educativos del Estado.
El legislador Esdras Medina de Renovación Popular presenta el mayor número de familiares contratantes. Su hijo y dos hermanas acumularon 18 contratos por S/109.850, incluyendo servicios a municipios y universidades nacionales.
La congresista Janet Rivas de Perú Libre tiene una hermana que logró cinco contratos por S/66.711 con distintas entidades públicas, incluidas la Municipalidad Provincial de Cañete y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Jorge Perleche García, docente de ESAN, enfatiza que los impedimentos buscan mitigar riesgos que afecten la probidad de la contratación y el uso adecuado de recursos públicos, aplicándose de forma restrictiva sin necesidad de interpretaciones.
Los especialistas consultados indican que la responsabilidad recae en las entidades para verificar el cumplimiento de la ley. La Contraloría dispone de herramientas como la Ficha Única del Proveedor para detectar posibles impedimentos en las contrataciones estatales.
