El abogado de la Asociación de Víctimas y Heridos del 9 de Enero de Juliaca, César Quispe Calsin, advierte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría sancionar a Perú, ejerciendo presión para investigaciones responsables sobre los eventos de las protestas de 2022 y 2023.
Quispe Calsin argumenta que hay pruebas suficientes para demostrar que Perú no ha seguido las recomendaciones de la CIDH, lo que podría resultar en una investigación en la corte y, eventualmente, en sanciones y presiones internacionales.
El abogado destaca que la Fiscalía de la Nación ha cambiado de fiscales hasta cinco veces, no ha llevado a cabo diligencias importantes y presenta fallas en el acceso a la justicia, entre otras deficiencias. Además, señala incidentes, como un bochornoso episodio protagonizado por un funcionario estatal peruano durante una entrevista en Washington, como evidencia de la falta de voluntad de las autoridades peruanas para garantizar la justicia.
Quispe Calsin concluye mencionando que el pronunciamiento de la CIDH se espera en unos días, generando optimismo entre los abogados de las víctimas y los deudos.
