Los familiares de asesinados y heridos en las masacres de 2022 y 2023 acusan al Estado de bloquear celulares de jóvenes activistas antes de la marcha nacional. La organización señala al ministro del Interior como responsable de vulnerar derechos fundamentales mediante espionaje telefónico.
La Organización Nacional de Familiares de Víctimas y Heridos advierte sobre maniobras estatales para silenciar la protesta social. Los dirigentes aseguran que autoridades del Servicio de Inteligencia Nacional ejecutan acciones propias de regímenes dictatoriales contra manifestantes pacíficos del interior del país.
El comunicado revela interferencias tecnológicas contra la vocera Milagros Samillán Sanga, quien representa la memoria de fallecidos durante las protestas. Las familias afectadas sostienen que funcionarios gubernamentales buscan impidieron la movilización programada para los días 20 y 21 de septiembre en territorio nacional.
La protesta nacional surge como respuesta al Congreso que aprobó la reforma previsional de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Los organizadores califican estas medidas legislativas como infames para los intereses de trabajadores peruanos que aportan al sistema previsional durante décadas de vida laboral.
Las familias dolientes advierten que ninguna persecución gubernamental detendrá su lucha por justicia y reparaciones económicas. Los parientes de víctimas mortales exigen que responsables de masacres y atropellos respondan ante tribunales de justicia por crímenes cometidos contra población civil desarmada.
La organización concluye su pronunciamiento exigiendo la salida de funcionarios estatales involucrados en represión ciudadana. El movimiento familiar mantiene su posición de no olvido ni perdón mientras persista la impunidad judicial en casos de violaciones a derechos humanos fundamentales.
