Familias de 21 víctimas mortales de las protestas 2022-2023 iniciaron una marcha desde Juliaca hacia Lima. Ellos aseguran que, “Se le acabó la hora José Jerí y al Congreso”, denuncian impunidad y archivamiento de casos contra altos funcionarios, incluyendo a la exmandataria Dina Boluarte. La movilización busca llegar a la capital el 28 de enero para visibilizar su reclamo.
La comitiva partió con 50 personas desde Juliaca, donde la represión estatal cobró 18 vidas. En el trayecto, se unirán más familiares de Arequipa, Cañete, Cusco, Ayacucho y Apurímac, entre otros. Raúl Samillán Sanga, presidente de la asociación de víctimas, lidera la caminata de unos 200 kilómetros, simbolizando el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos.
“Estamos cansados de que mafiosos gobiernen y vendan el país a empresarios chinos”, declaró Samillán con firmeza. La marcha incluye viudas, huérfanos y sobrevivientes que reclaman justicia inmediata y sentencias ejemplares. Exigen que los responsables paguen como cualquier ciudadano, destacando la falta de respuestas tras tres años.
Elba Mamani, viuda de Gabriel Omar López Amanqui, marcha junto a sus hijos de 19 y 7 años. “Sin papá, vivir es difícil, tengo que hacer justicia por mi padre”, expresaron sus hijos. Su historia refleja el drama de familias que buscan respuestas por la muerte de sus seres queridos durante las protestas.
El fiscal Tomás Aladino Gálvez desactivó el equipo que investigaba las masacres, según denunció Samillán. Los manifestantes acusan al presidente José Jeri de reuniones clandestinas con empresarios extranjeros mientras archivan sus denuncias. La movilización exige la renuncia de congresistas que protegen a los implicados en las muertes.
Reynaldo Ilaquita Cruz, asesinado a los 18 años, es recordado por su padre. “La bala entró por el lado derecho de su pecho y salió por el izquierdo, una calibre 7.62, usada por policías de larga distancia”, mató a mi hijo relato. Su caso simboliza la violencia estatal que las familias buscan que no quede impune.
En Lima, la protesta nacional convocada para el 27 y 28 de enero unirá a colectivos y la Generación Z. “Lima se levantará contra quienes roban al Estado y niegan justicia”, advirtió Samillán. La capital será escenario de plantones frente al Congreso y Palacio de Gobierno, exigiendo justicia para las 21 víctimas.
“Enterraremos simbólicamente a los partidos que nos obligaron a enterrar a nuestros muertos”, anunció Samillán. La demanda central es justicia y el fin de la impunidad. La presión social crece mientras las familias exigen respuestas concretas antes del 28 de enero.
La esposa de Manuel Quilla Ticona, junto a sus dos hijos, se unió a la marcha. “El Estado peruano nos ha negado justicia”, declaró, exigiendo cárcel para responsables, desde la expresidenta Dina Boluarte hasta efectivos policiales y militares. Su reclamo refleja el dolor de un país que clama cambios.
“Tres años sin justicia son tres años de dolor”, concluyó Samillán. La movilización simboliza el hartazgo de familias que, tras perder a sus seres queridos, exigen el fin de la corrupción y la impunidad. Su lucha busca que Lima y el Perú escuchen su grito por justicia.
