Delia Milagros Espinoza Valenzuela, Fiscal de la Nación, enfrentó cuestionamientos durante las sesiones técnicas y conferencia realizadas durante este miércoles y jueves en Puno y Juliaca. La población reclamó justicia ante la deficiente actuación fiscal que permite liberación de sospechosos en casos de extorsión y corrupción, además denunciaron que fiscales locales carecen de tesis sólidas para mantener acusaciones efectivas contra delincuentes. La máxima autoridad del Ministerio Público dialogó con mesas de trabajo de seguridad ciudadana donde enfrentó críticas directas sobre la gestión fiscal regional.
La Fiscal de la Nación tras el diálogo se comprometió a trasladar casos de víctimas del 9 de enero 2023 desde Lima hasta ciudades de origen. Los familiares actualmente viajan hasta la capital para conocer avances de investigaciones retrasadas por limitaciones institucionales. Espinoza aseguró fortalecer investigaciones para evitar que personas involucradas en actos irregulares terminen libres. También prometió articular mejor la morgue de Juliaca y gestionar posteriormente una morgue en la capital puneña para mejorar servicios.
Durante la conferencia ofrecida en Puno se evidenció que la presidenta de la junta de fiscales regional, evade responder sobre casos emblemáticos, además de tener gran ausencia en reuniones donde se aborda la problemática con respecto a la inseguridad. La impunidad aparente entre fiscales genera obstáculos para control y seguimiento adecuado de casos sensibles para ciudadanía.
Ciudadanos manifestaron indignación por casos de violación sexual y corrupción donde principales sospechosos recuperan libertad. La comunidad señaló ausencia de control interno sobre fiscales presuntamente corruptos que generan círculos viciosos de impunidad institucional.
La población puneña advirtió sobre posibilidad de tomar justicia por manos propias ante la incapacidad institucional del Ministerio Público. Los asistentes enfatizaron que no solicitan actuaciones fuera de ley sino únicamente cumplimiento efectivo del trabajo fiscal.
Los cuestionamientos incluyeron persecución selectiva durante protestas 2023 donde el Ministerio Público investigó dirigentes manifestantes, pero omitió procesar violadores de derechos fundamentales. Esta actuación desigual profundizó desconfianza ciudadana hacia institución de justicia.
Entre las problemáticas expuestas se destacó que Puno carece de morgue en la capital de la región y los cuerpos se trasladan hasta Juliaca. Algunas sedes administrativas fueron declaradas inhabitables por carecer de agua potable mientras trabajadores laboran hacinados con presupuestos ínfimos para 22 sedes fiscales.
La región demanda convertirse en unidad ejecutora para contar con mayor presupuesto y mejorar condiciones de funcionamiento institucional. Los trabajadores CAS exigen reconocimiento laboral adecuado y un local digno completando el panorama de carencias estructurales que afectan administración.
Espinoza reconoció que Puno maneja una de las fiscalías más grandes del sur peruano pero con recursos económicos insuficientes. La infraestructura deficiente genera limitaciones operativas significativas que impiden cumplir funciones básicas del Ministerio Público regional.
La funcionaria indicó que «todo se trata de una cuestión presupuestal» y que mayores recursos del gobierno central harían realidad los pedidos. Se comprometió a priorizar cambio de trabajadores CAS hacia regímenes laborales con mayores beneficios institucionales además de priorizar la atención hacia víctimas del 2023.
