La justicia parece esquiva para los deudos de los muertos durante las protestas sociales de 2022 y 2023 en la región Puno, luego que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunciara el cierre de los equipos especiales, lo que hace suponer que el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) quedaría desactivado.
El abogado de las víctimas, César Quispe Calsin, advirtió un intento de impunidad, dado que, justamente el Eficavip ha sido creado para que las víctimas de las protestas hallen justicia; incluso se tienen avances considerables, tras la incorporación del Estado peruano como tercero civil responsable de las masacres.
“Estamos en absoluto riesgo de impunidad, que es lo que han ido buscando desde un principio. En nuestro caso, nos han cambiado de fiscal provincial hasta seis veces y otras 10 veces de fiscal adjunto. Eso es nefasto para la investigación”, señaló.
El abogado lamentó que prácticamente los grupos de poder hayan tomado el control del Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Congreso de la República y recientemente del Ministerio Público.
“Manejan todo el sistema de justicia y ahora quieren cerrar los equipos que investigan casos de corrupción en torno a Odebrecht, los Cuellos Blancos, donde está involucrado el actual fiscal de la Nación, entre otros”, agregó.
Quispe Calsin, dijo que pese a estos intentos de impunidad, los familiares de las víctimas continuarán en su pedido de justicia. Recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben, por tanto, “la justicia tarde o temprano llegará”.
