El fiscal José Domingo Pérez denunció que el fiscal interino Tomás Gálvez y una comisión del Congreso lideran una campaña de hostigamiento laboral contra el equipo especial Lava Jato. Gálvez cuestionó públicamente la legitimidad de las fiscalías especializadas, tachándolas de «estructuras paralelas» con injerencia política, mientras congresistas exigen su remoción. Pérez advirtió que esto busca deslegitimar investigaciones clave, como el juicio a Susana Villarán y los casos Odebrecht.
Gálvez declaró en medios que las fiscalías especializadas «actúan con criterios políticos» y sugirió evaluar la salida de Pérez y Rafael Vela. Pérez respondió que estas afirmaciones son «actos de hostigamiento» que afectan la credibilidad de los fiscales ante jueces y testigos. El fiscal recordó que el equipo Lava Jato ha logrado condenas históricas, como las de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y recuperado millones en reparaciones civiles.
El Ministerio de Justicia también presionó: en 2024, el ministro tachó al Ministerio Público de «organización criminal» y pidió a Gálvez remover a Pérez y Vela. Pérez calificó esto como «injerencia política» y alertó que el objetivo es «reescribir la historia» para proteger a investigados. La comisión multipartidaria del Congreso, liderada por el congresista Muñante, incluso investiga a una jueza que aprobó acuerdos de colaboración eficaz, algo inédito en la historia judicial peruana.
Subtítulo: Presiones cruzadas: Odebrecht, abogados y políticos unen fuerzas
La demanda de Odebrecht contra los fiscales Pérez y Vela, presentada por exmagistrados como Domingo García Belaunde, busca anular pruebas en casos como el de Susana Villarán. Pérez reveló que estos abogados, antes críticos del equipo Lava Jato, ahora defienden a la empresa brasileña. «Es una coalición de fuerzas: Odebrecht, abogados y políticos quieren impunidad», declaró.
El fiscal también denunció que la comisión del Congreso, con apoyo de partidos como Renovación Popular, investiga a los fiscales y a la jueza que validó los acuerdos. «Nunca antes se investigó a un juez por una sentencia», subrayó Pérez. Esto, sumado a las declaraciones de Gálvez, genera un clima de desconfianza en el Poder Judicial.
El caso de José Miguel Castro, exdirectivo de Odebrecht fallecido en circunstancias no esclarecidas, añade tensión. Castro conocía detalles de los aportes a campañas políticas, y su testimonio era clave en el juicio a Villarán. Pérez evitó especular sobre su muerte, pero confirmó que su declaración previa será usada como prueba.
Mientras, el alcalde Rafael López Aliaga podría declarar como testigo en el caso Villarán, tras presentar un escrito sobre peajes vinculados a la concesión de rutas. Pérez insistió en que el equipo Lava Jato sigue enfocado en los juicios, pese al acoso. «Si el Ministerio Público responde a intereses ajenos, Vela y yo sobramos», advirtió.
Subtítulo: ¿Renuncia o resistencia? El dilema de Pérez ante el acoso institucional
Pérez admitió que evalúa renunciar si el hostigamiento persiste. «No podemos trabajar con desconfianza de jueces y testigos», explicó. Sin embargo, aclaró que su prioridad es concluir los juicios en marcha, como el de Villarán, donde se esperan declaraciones clave.
El fiscal criticó que Gálvez base sus decisiones en «medios y rumores», no en los resultados del equipo. «Las condenas y las reparaciones civiles hablan por sí solas», afirmó. Pérez pidió al fiscal interino evaluar el trabajo real, no las críticas políticas.
En un contexto electoral, partidos vinculados a investigados —como Renovación Popular— buscan influir en la justicia. Pérez alertó que el objetivo es «archivar los casos y que la impunidad impere». Mientras, protestas de jóvenes y transportistas reflejan un descont
