La Fiscalía Anticorrupción intervino la oficina de personal de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Puno por presuntas irregularidades en una contratación CAS. La intervención se realizó tras una denuncia que señala aparente favorecimiento en la calificación de expedientes de postulantes que buscaban un puesto de secretaria en la entidad educativa regional.
La denunciante, quien decidió guardar sus datos, señaló que se presentó para obtener esta plaza sin embargo se dio con la sorpresa que al momento de la calificación, aparentemente se está favoreciendo a otra trabajadora que inclusive sería parte de la misma oficina de personal, según indicó la postulante afectada por esta situación irregular en el proceso.
La denunciante argumentó que por la cercanía con las personas que llevaron a cabo este proceso se le estaría favoreciendo. Esta ventaja permitiría que la trabajadora de la oficina de personal pueda acceder al cargo de manera irregular, vulnerando los principios de transparencia y meritocracia que deben regir los procesos de contratación en el sector público.
La Fiscalía Anticorrupción se aproximó hacia el lugar y pidió toda la documentación correspondiente a este proceso de contratación. El Ministerio Público exhortó además a que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno debe realizar una reevaluación de los expedientes de ambas postulantes para garantizar la correcta realización de este proceso bajo principios de imparcialidad.
Esta intervención se dio al promediar las 14:00 horas cuando personal de la fiscalía ingresó a la institución. La denunciante también se aproximó al lugar y puso en conocimiento del fiscal de turno todas las aparentes irregularidades cometidas durante el proceso de selección, presentando las pruebas documentales que sustentarían el presunto favorecimiento indebido.
La Fiscalía requirió los expedientes completos de las postulantes al cargo de secretaria en la UGEL Puno. El ente fiscal verificará si existe favorecimiento irregular hacia una trabajadora de la misma oficina de personal, situación que configuraría delitos contra la administración pública.
