Luego de develarse las presuntas irregularidades cometidas por el regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Ovidio Edgar tumi Miranda, dos importantes instituciones le iniciaran investigaciones por corrupción; por un lado, La Fiscalía Anticorrupción de Puno, dirigida por el fiscal William Otazú Pinto, ya intervino este 3 de diciembre las instalaciones municipales; y por el otro, el alcalde Óscar Cáceres Rodríguez, mediante un documento solicita a la procuraduría municipal iniciar indagaciones por los presuntos actos de corrupción del regidor Tumi Miranda.
En el primer caso, el fiscal Otazú Pinto confirmó que se abrirá una investigación preliminar con un plazo de 60 días para recopilar evidencia. “El Ministerio Público actúa ante denuncias con relevancia penal”, declaró, destacando que la intervención incluye al regidor Tumi Miranda, acusado de recibir S/ 6,000 de una empresa constructora vinculada al Consorcio Tambopata.
La intervención, desarrollada desde las 15:00 horas, contó con la participación de la Policía Especializada y personal del Ministerio Público. Otazú precisó que se recabó documentación clave en la municipalidad, aunque evitó confirmar si se solicitará detención preventiva. “Dependerá de las pruebas recolectadas”, señaló.
Por otro lado, El alcalde de San Román respondió con un oficio dirigido a la Procuraduría Municipal, solicitando acciones legales inmediatas. En el documento, fechado el 3 de diciembre de 2025, exige transparencia y pide informar al Concejo Municipal sobre los avances, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.
El oficio, firmado bajo el N° 803-2025-MPSR-J/ALCA, detalla que la denuncia surgió tras una sesión de concejo donde se conoció la presunta solicitud de dinero a cambio de favores en obras municipales. El alcalde instó a la procuradora Yaquely Mamani Naupa a actuar conforme a sus atribuciones legales.
En otro momento, Otazú Pinto aclaró que las publicaciones periodísticas son solo el punto de partida: “Corroboraremos los hechos con técnicas especiales”. La fiscalía evaluará si las pruebas son suficientes para formalizar cargos, priorizando el derecho a la defensa del regidor investigado.
Este caso se suma a otros procesos por corrupción que maneja el despacho de Otazú Pinto. “No es el primero, pero cada intervención refuerza nuestro compromiso contra la impunidad”, afirmó. La Policía Especializada colaboró en la recolección de documentos, aunque no se precisó cuántos funcionarios participaron.
La Municipalidad de San Román enfrentará ahora un proceso interno para determinar responsabilidades. El alcalde subrayó que su gestión promueve transparencia y que cualquier acto ilícito será investigado. La procuraduría deberá presentar un informe en la próxima sesión de concejo.
Mientras avanza la investigación, la comunidad de Juliaca observa con atención un caso que podría revelar redes de corrupción en obras públicas. La fiscalía y la municipalidad trabajan bajo presión para esclarecer los hechos en el plazo establecido.
