El abogado César Quispe Calsin, defensor de las víctimas del 9 de enero en Puno, resaltó los avances significativos en las investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas de inicios de 2023 en la región, refirió que desde la salida de la exfiscal de la nación Patricia Benavides, se ha dado una «celeridad importante» a las investigaciones. Actualmente, existen tres formalizaciones de investigación preparatoria en Puno, de más de 20 carpetas fiscales en proceso.
El abogado destacó que en un año y cuatro meses se logró la formalización del caso de las muertes suscitadas en Juliaca, identificando a 19 personas entre policías y militares como presuntos responsables por comisión u omisión en delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves.
Quispe señaló que este avance es significativo en comparación con otros casos similares, como el de Inti y Bryan, que tardó cuatro años en llegar a la formalización. Sin embargo, advirtió que aún quedan pendientes investigaciones sobre otros delitos relacionados con los sucesos.
El letrado mencionó que inicialmente hubo obstáculos en el acceso a las carpetas fiscales, pero la situación mejoró con el cambio en la Fiscalía de la Nación. No obstante, indicó que aún faltan implementar detalles, especialmente en temas logísticos y de personal especializado.
Al ser consultado en Valgan Verdades de Pachamama Radio, sobre el apoyo a las víctimas y sus familiares, Quispe denunció una «apatía total» por parte del Estado, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que los heridos y las familias de los fallecidos están organizados en asociaciones para buscar justicia y apoyo mutuo
Finalmente, el abogado hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que continúen apoyando y documentando estos casos, con el fin de asegurar que se haga justicia para las víctimas.
