El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez, estaría ejecutando una decisión política orientada a favorecer a personas investigadas por corrupción y violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, quien afirmó que por ese motivo se desmantelaron equipos fiscales clave como Lava Jato, Cuellos Blancos (EFICOV) y el equipo especial de víctimas de protestas (EFICAV), mediante remociones y nombramientos alineados con el Congreso.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, calificó de sorprendente que Gálvez haya asumido el discurso de los abogados defensores, al sostener que dichos equipos no obtuvieron resultados y fueron instrumentos de persecución. Advirtió que resulta grave que sea el propio fiscal de la nación quien adopte una narrativa contraria a la función constitucional del Ministerio Público.
El equipo especial Lava Jato, encabezado por Rafael Vela, fue desmantelado pese a haber sido una pieza fundamental en el proceso de reconstrucción de la justicia en el país. Gálvez cuestionó su eficacia tras años de investigación, utilizando argumentos similares a los de las defensas de los investigados. Rivera Paz consideró que los mensajes con los que se justificó esta decisión son indignos de una institución como el Ministerio Público.
Equipos con resultados concretos fueron disueltos
Respecto al EFICAV, creado en marzo de 2023, Rivera Paz señaló que en un corto periodo logró avances significativos en investigaciones por crímenes complejos. De las entre 60 y 70 carpetas fiscales a su cargo, varios casos emblemáticos como Juliaca, Macusani y Ayacucho ya cuentan con hechos acreditados, pruebas suficientes y determinación de responsabilidades penales. Según indicó, su disolución busca obstaculizar investigaciones políticamente sensibles.
El titular del IDL también vinculó estas decisiones con la remoción de la fiscal Delia Espinoza, a la que calificó de irregular. Sostuvo que el Congreso, dominado por el fujimorismo, la inhabilitó por un cargo sin sustento real, con el objetivo de reemplazarla por un funcionario afín. Denunció que se le impuso una sanción grave por un hecho que no cometió.
Rivera Paz afirmó que existe una estrategia coordinada entre el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia para instalar una “fiscalía amigable”, tal como lo expresó Vladimir Cerrón. Añadió que el primer acto público de Gálvez, al saludar al presidente del Congreso y ofrecerle facilidades, confirmaría que cumple el encargo de proteger a sectores de poder investigados y garantizar un escenario de impunidad institucional en el país.
