El Ministerio Público de Puno investiga el Caso N° 2706015500-2025-303-0 por presuntos delitos de peculado doloso simple y negociación incompatible en la ejecución del proyecto «Mejoramiento de Medidas de Rápido Impacto » de la EPS SEDAJULACA. La investigación, declarada compleja, se amplió a 8 meses para analizar irregularidades en contratos por S/1.1 millones; donde se advierten irregulares contratos de personal, ocultamiento de información, enriquecimiento ilícito.
La Fiscal Yngrid Keila Gratelli Agramonte lidera el proceso, que incluye la revisión de documentos, peritajes técnicos y declaraciones de testigos. Se sospecha que funcionarios y contratistas desviaron fondos públicos y ocultaron fallas estructurales, como el colapso del techo de la cisterna de 1110 m³ y la cámara de lodos.
La investigación se dirige contra la persona de iniciales, «L.Q.R.R.» y el Consorcio Tupa Fernández, representado por Edgar Tupa Fernández. También están involucrados Freddy Huaila Apaza, jefe de proyectos especiales, y funcionarios de la EPS SEDAJULACA, como testigos clave, Crisp Leonor Gutiérrez Llavilla y Vladimir Canaza Lupaca.
El Ministerio Público exige a la EPS y al consorcio que entreguen informes técnicos, contratos y comprobantes de pago en un plazo de 5 días. De no cumplir, se realizará una constatación fiscal el 3 de marzo para recabar pruebas directamente en las instalaciones de la empresa.
Se denuncia que la EPS SEDAJULACA y el Consorcio Tupa Fernández incumplieron con la transparencia en la ejecución del proyecto, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado por S/1.1 millones. La Fiscalía investiga si hubo sobrecostos, pagos irregulares y falsificación de informes para ocultar fallas en la obra.
Entre los indicios destacan las paralizaciones frecuentes y la falta de respuesta a los pedidos de documentación. La Fiscalía sospecha que los responsables enriquecieron ilícitamente y desviaron recursos destinados a solucionar problemas de saneamiento en Juliaca y San Miguel.
El Ministerio Público tiene como indicios principales el colapso del techo de la cisterna y la cámara de lodos, así como la falta de reparaciones a pesar de los fondos asignados. Además, se analizan actas de supervisión que podrían demostrar irregularidades en la ejecución de la obra, como el incumplimiento de contratos y la falta de informes técnicos.
La Fiscalía también revisa el Contrato N° 050-2024-EPS, suscrito por S/1.1 millones, para determinar si hubo sobrevaloración o pagos indebidos. Los testigos clave, como Luis Edgardo Aguilar Pomari y Juan Carlos Mamani Apaza, aportarán detalles sobre las visitas de supervisión y las fallas detectadas.
El proyecto, iniciado para mejorar el saneamiento en Juliaca y San Miguel, enfrenta denuncias por mala ejecución y corrupción. En octubre de 2025, la Fiscalía inició las diligencias preliminares tras detectar irregularidades en la obra, que incluye la construcción de una cisterna y una cámara de lodos. El colapso de estas estructuras agravó las sospechas de desvío de fondos.
La investigación busca determinar si los responsables ocultaron información para evitar sanciones y si hubo negociaciones incompatibles con el interés público. La Fiscalía advirtió que, de confirmarse las irregularidades, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.
Seis testigos clave declararán entre el 23 y 24 de febrero, incluyendo a Crisp Leonor Gutiérrez Llavilla, Vladimir Canaza Lupaca, Luis Edgardo Aguilar Pomari, Juan Carlos Mamani Apaza, Richard Freddy Huaila Apaza y Henver Hoxa Monroy Quispe. Sus testimonios son esenciales para confirmar las irregularidades en las actas de supervisión y los pagos no justificados.
El representante legal del Consorcio Tupa Fernández, Edgar Tupa, debe explicar el incumplimiento en las reparaciones y la falta de transparencia en el manejo de los fondos. Su declaración, programada para el 24 de febrero a las 08:30, podría revelar conexiones con funcionarios de la EPS y confirmar las sospechas de corrupción.
El caso refleja los riesgos de la opacidad en la gestión de obras públicas y la necesidad de transparencia en el uso de recursos estatales. La investigación, que podría extenderse hasta agosto de 2026, busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en proyectos de infraestructura.
La Fiscalía enfatizó que este proceso es crucial para recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los fondos públicos se utilicen correctamente. El resultado podría impactar en futuras licitaciones y en la rendición de cuentas de empresas y funcionarios involucrados en obras estatales.
