El Ministerio Público garantizó que las 54 investigaciones sobre muertes y heridos durante las protestas sociales de diciembre 2022 a marzo 2023 seguirán en manos de los mismos fiscales especializados.
El fiscal de la Nación encargado, Tomás Gálvez Villegas, ordenó que los casos no sean transferidos a fiscalías provinciales, sino que continúen bajo un equipo con experiencia en derechos humanos.
La decisión, publicada en El Peruano, asegura que los fiscales del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) seguirán al frente de los expedientes.
Ahora, estos casos pasarán a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, evitando así cambios que podrían retrasar las investigaciones.
El objetivo es mantener la continuidad y el enfoque técnico en cada investigación. Según la resolución, los fiscales que ya conocen los detalles de los casos seguirán trabajando en ellos, pero ahora con el respaldo de una fiscalía especializada en temas de alta complejidad.
La nueva fiscalía contará con ocho despachos fiscales que trabajarán de manera coordinada. Esto permitirá un seguimiento más eficiente y evitará que los casos se dispersen o pierdan coherencia en el proceso.
La medida fue impulsada por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. Su finalidad es asegurar que todas las investigaciones se manejen con los mismos estándares y que no haya diferencias en el tratamiento de los casos.
Con esta disposición, se busca evitar demoras y garantizar que las víctimas y sus familias reciban respuestas claras. Las autoridades destacan que la experiencia de los fiscales en estos temas es para avanzar en la búsqueda de justicia.
