El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció la preparación de un proyecto que modificaría la Ley de Radio y Televisión para crear una franja informativa obligatoria. Esta iniciativa busca que los medios de comunicación difundan las acciones del Ejecutivo contra la delincuencia durante estados de emergencia, generando preocupación entre especialistas y organizaciones periodísticas.
El anuncio se realizó en conferencia de prensa, donde Arana precisó que la norma legal obligaría a los medios a informar sobre las actividades gubernamentales en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Este proyecto surge en un contexto de continuas declaratorias de emergencia y frecuentes cuestionamientos del gobierno de Dina Boluarte hacia la prensa nacional.
La presidenta ha acusado repetidamente a los medios de difundir «noticias tendenciosas» y ha reclamado mayor atención para las acciones positivas de su administración. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) advirtió que esta intención vulneraría el principio de pluralidad informativa esencial en una democracia.
Según la SNRTV, la ciudadanía tiene derecho a recibir información diversa y no condicionada por intereses gubernamentales, sugiriendo que si el gobierno desea promover campañas informativas, existen mecanismos institucionales para ello.
Críticas de especialistas y organizaciones
Expertos en libertades informativas señalan que la propuesta representa una intervención directa en la línea editorial de los medios, con el riesgo de convertirse en un canal de propaganda gubernamental. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, calificó la iniciativa como una injerencia inaceptable en los contenidos mediáticos.
Lainez destacó que la ley actual, vigente desde hace 21 años, invoca a los medios a apoyar en situaciones de emergencia sin imponerles obligaciones específicas. Además, señaló que este proyecto se anuncia en un clima hostil contra el periodismo generado por el Ejecutivo y el Congreso.
El abogado Roberto Pereira advirtió que imponer contenidos a los medios vulnera el derecho a la libertad de información en su expresión de definir la cobertura y pauta editorial. Recordó que los medios estatales ya tienen alcance nacional y existe un alto riesgo de que el gobierno imponga propaganda gubernamental.
Erick Iriarte, también abogado especialista, señaló que forzar determinados contenidos más allá de informar sobre una emergencia nacional constituye una vulneración a los principios de libertad de expresión y prensa. La propuesta deberá ser presentada al Congreso, donde será evaluada antes de llegar al pleno.
