Freddy Velásquez Ángeles continúa como titular de la Dirección Regional de Salud tras descartar su intento de renuncia o disposición del cargo. El gobernador regional Richard Hancco confirmó que no existe documento alguno respecto a cambios en la dirección de DIRESA, aclarando que las conversaciones giraron únicamente en torno a pedidos que exceden las facultades legales del funcionario.
El principal problema recae en bonos de alimentación mismos que fueron observados por la Contraloría que ya sancionó funcionarios por este trámite irregular que se dio de forma similar en otros departamentos, mientras trabajadores administrativos de DIRESA presionan para obtener pagos de 200 soles mensuales que carecen de respaldo legal y presupuestario. El caso del ex gerente de GERESA Arequipa, sancionado tres años por este mismo tema, marca un precedente que complica las exigencias actuales en la región Puno.
Hancco reveló que Velásquez manifestó su disposición a «dar un paso al costado» si ello facilitara el cumplimiento de las exigencias laborales, evidenciando la presión ejercida por trabajadores administrativos. Sin embargo, la autoridad regional enfatizó que estos bonos fueron declarados irregulares por la Contraloría, generando un obstáculo jurídico insalvable para cualquier funcionario que pretenda autorizarlos.
Los trabajadores administrativos exigen el bono de alimentación desde enero, argumentando su derecho legítimo ante las bajas remuneraciones del sector salud. No obstante, el gobernador regional advirtió que aprobar estos pagos constituiría una irregularidad que podría generar responsabilidades administrativas y penales para quienes suscriban dichas autorizaciones, considerando los pronunciamientos previos de los órganos de control.
El antecedente del exgerente de GERESA Arequipa, sancionado tres años por bonos similares, refuerza la posición del gobierno regional sobre la ilegalidad de estos pagos. Hancco explicó que las acciones de control en otros departamentos han establecido una «opinión generalizada» sobre la irregularidad de estos beneficios, además de la falta de normativa que los respalde actualmente.
La normativa vigente prohíbe expresamente este tipo de bonificaciones, según confirmó Hancco al referirse a los cambios implementados en el tiempo. Esta situación coloca a los funcionarios en una disyuntiva entre satisfacer las demandas laborales y cumplir con el marco legal establecido por los órganos de control del Estado.
El gobernador regional descartó que existan documentos formales presentados por el sindicato respecto a la situación de Velásquez, confirmando que las conversaciones se mantienen en un plano informal. Hancco subrayó que no han manifestado ningún interés particular en cambios administrativos, contradiciendo versiones que circularon públicamente sobre posibles modificaciones en la dirección de DIRESA.
La falta de presupuesto regional para financiar estos bonos constituye un obstáculo adicional para materializar las exigencias de los trabajadores administrativos. Esta limitación económica, sumada a las observaciones de Contraloría y la ausencia de marco normativo favorable, configura un escenario complejo que mantiene en tensión las relaciones laborales dentro de la institución de salud regional.
