El ingeniero Ronald Alfredo Loza Machicao, sancionado con 365 días de suspensión por recibir coimas para encubrir la intoxicación de 23 escolares con alimentos de Qali Warma en Cabana, podría retornar a su mismo cargo en la Dirección Regional de Salud Puno al cumplir su sanción.
La Resolución Directoral N°0857-2025/DRS-PUNO-OERRHH, emitida el 21 de mayo de 2025, impuso suspensión sin goce de remuneraciones y no destitución, lo que significa que el vínculo laboral con el Estado no se rompe, quedando vigente su plaza en la Unidad de Higiene e Inocuidad Alimentaria.
La misma resolución sustenta la sanción en la violación del principio de probidad del artículo 6 de la Ley N°27815 y el artículo 85 de la Ley N°30057, aunque el sancionado tiene 15 días hábiles para interponer recurso de reconsideración ante el Director Regional Adjunto, o apelación ante el Tribunal del Servicio Civil, instancia que podría agravar, mantener o reducir la sanción.
Un funcionario con poder sanitario sobre los alimentos que consumen los escolares
Loza Machicao era, al momento de los hechos, el responsable directo de fiscalizar la inocuidad de los alimentos entregados a colegios en Puno, cargo que le permitió coordinar el cambio de latas contaminadas con la empresa Frigoinca para que los análisis salieran favorables.
Retornar a esa función implicaría que un funcionario con antecedentes probados de colusión con proveedores del programa alimentario escolar volvería a supervisar la calidad de los mismos alimentos que consumen los estudiantes más pobres de la región.
La trabajadora de Frigoinca, Noemí Alvarado Llanos, admitió públicamente en América Televisión haber pagado al ingeniero para sustituir muestras, señalando que «yo con el Sr. Ronald lo cambiamos,» confesión que consta en el expediente administrativo N°255-2024-DIRESA-P-OERRHH/ST.
La sanción menor a lo recomendado y los plazos que definen el regreso
El propio órgano instructor recomendó la destitución, pero la autoridad sancionadora se apartó aplicando criterios de gradualidad por no ser reincidente, decisión que deja abierta la puerta a su reincorporación en aproximadamente un año.
Loza Machicao negó toda responsabilidad en su descargo, argumentando que el reportaje era falso y que no existían pruebas idóneas, sin embargo la autoridad desestimó sus argumentos al considerar que la confesión pública de Alvarado Llanos constituía el medio probatorio más sólido del expediente.
La ciudadanía, organizaciones de padres de familia y autoridades regionales tienen aún margen para exigir que el caso sea derivado a instancias penales, vía que podría inhabilitar definitivamente al funcionario para ejercer cargos públicos vinculados a la alimentación escolar.
