Diez funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, suspendidos tras un reportaje que reveló pagos de Frigoinca para incluir sus productos en programas sociales, continúan recibiendo sus sueldos pese a estar removidos físicamente de sus cargos, 14 meses después del escándalo que sacudió el gobierno de Dina Boluarte.
El caso involucra a trabajadores de Qali Warma, ahora llamado Wasi Mikuna, quienes recibían depósitos mensuales de la empresa fabricante de conservas Don Simón. Entre ellos destaca Luis Alejandro Álvarez Saavedra, especialista alimentario que cobraba 500 soles mensuales, sumando 17,000 soles en total según documentos fiscales, mientras su colega Davis Espinoza Mendoza recibió 215,000 soles para cambiar especificaciones técnicas.
El entonces ministro Julio Demartini anunció que «hemos procedido con la separación inmediata de los seis trabajadores involucrados, así como la interposición de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción», prometiendo acciones contundentes contra los implicados.
Tribunal revierte destituciones
El Tribunal del Servicio Civil anuló en octubre las destituciones de Luis Álvarez Saavedra y Davis Espinoza Mendoza por falencias en el procedimiento administrativo. La institución no los declaró inocentes, pero determinó que el Midis no siguió las reglas jurídicas establecidas para separarlos correctamente de sus funciones.
Tres funcionarios ya se reincorporaron y cobran sueldos mensuales del Estado, mientras cinco purgan prisión preventiva y dos permanecen prófugos. Luis Álvarez recibe 3,400 soles mensuales sin asistir a trabajar, Fernando Herrera Carrión cobra el mismo monto, y Yulisa Fajardo Michelini percibe 9,000 soles, todos bajo medidas cautelares que les impiden ingresar físicamente a las oficinas.
Fernando Herrera, trabajador en Jaén, modificaba el menú escolar a cambio de pagos mensuales de Frigoinca, según conversaciones de Noemí Alvarado, distribuidora de coimas. Los chats revelan frases como «ya de Jaén al ingeniero también ya se anotó con nosotros, va a aceptar la mensualidad y va a poner la carne seca», evidenciando la coordinación sistemática entre funcionarios y la empresa para beneficiarla en licitaciones públicas.
Cambios superficiales en el programa
La institución cambió dos veces de nombre, de Qali Warma pasó a Wasi Mikuna y ahora se denomina Programa de Alimentación Escolar. Sin embargo, los funcionarios de base permanecen en el edificio ubicado en una zona exclusiva de Lima, donde continúan operando las mismas personas vinculadas al escándalo de corrupción más grave del sector durante la gestión actual.
Un especialista legal consultado explicó que «el tribunal dice que la entidad tiene que volver a hacerlo, pero eso no implica reponerlos inmediatamente, puede adoptar una medida cautelar y esas personas se van a su casa, siguen cobrando, pero no ponen en riesgo la vida de los niños a quienes está dirigido el programa».
El Midis, bajo la gestión de Leslie Urteaga, se negó a dar entrevistas pero emitió un comunicado indicando que «en los próximos días emitirá su decisión final respecto de la continuidad de estos diez trabajadores», sin precisar plazos ni acciones concretas para resolver la situación que mantiene a implicados en corrupción cobrando del erario público mientras enfrentan investigaciones fiscales por organización criminal y tráfico de influencias.
