El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, presentó la Política General de Gobierno 2026-2031 ante la Cámara de Diputados priorizando seguridad, desastres naturales y empleo formal, sin especificar fuentes de financiamiento ni proyectos de ley concretos que respalden iniciativas anunciadas ante la representación nacional.
El Gabinete Ministerial expuso cinco ejes prioritarios comprometiendo entregas concretas a diciembre del 2026, aunque diferencia responsabilidades ejecutivas delegables sin definir cuáles requieren potestad legislativa constitucional plena del Parlamento bicameral para su validación normativa específica.
La administración proyecta invertir más de diecinueve millones de soles en División de Investigación de Extorsiones mediante compra de vehículos, drones y software criminal especializado, aunque Galarreta no detalló de qué partidas presupuestarias provendrían esos recursos ni cómo se financiarán operativos penitenciarios alcanzando cincuenta mil durante el quinquenio del ejecutivo.
El Gobierno solicitará facultades legislativas para modificar reglas sobre terminación anticipada, fortalecimiento de flagrancia y expulsión de extranjeros irregulares, competencias que corresponden íntegramente al Ejecutivo mediante decretos reglamentarios sin necesidad de delegación parlamentaria específica ni reformas constitucionales complejas de aprobación legislativa.
La Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño concentrará intervenciones en quinientos treinta y seis puntos críticos mediante limpieza de cauces, generando setenta y siete mil empleos temporales a julio del 2027, pero omite montos presupuestarios específicos, fuentes de financiamiento o cronogramas de ejecución municipal coordinada con gobiernos locales descentralizados.
El Ministerio de Educación rebalanceará curricularmente en 2026 y distribuirá materiales en 2027 priorizando literacidad y matemática, proyectará superar ciento cincuenta mil capacitados en intermediación laboral, aunque carece de normativa específica que regule certificación competencial, financiamiento sectorial coordinado o convenios interministeriales operativos confirmados con empleadores privados y publicos.
