El constitucionalista Domingo García Belaunde cuestionó la proliferación de recursos de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones, advirtiendo sobre el caos que generan en el sistema electoral. Durante una entrevista, el jurista calificó de «amparismo desenfrenado» la práctica judicial actual que permite interrumpir procesos electorales. García Belaunde reveló que en el último proceso electoral se presentaron casi mil amparos contra resoluciones del organismo electoral, situación que considera insostenible para la democracia peruana.
La controversia surge por la demanda competencial que presentará el JNE ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial. Los magistrados electorales buscan frenar las constantes intervenciones judiciales que los obligan a reponer partidos políticos como Unidad Popular. El conflicto evidencia una crisis institucional entre los poderes del Estado durante año electoral.
El partido Unidad Popular, cuyo personero es Dubelí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema, se encuentra en el centro del conflicto interinstitucional. García Belaunde destacó que Rodríguez «terminó muy bien» su carrera judicial tras haber sido dirigente estudiantil encarcelado durante la dictadura militar. La trayectoria del magistrado incluye su paso por el Congreso representando al partido Patria Roja antes de presidir la Corte Suprema.
«De acuerdo a la Constitución las decisiones del jurado son irreversibles. ¿Por qué? Por el problema electoral, la brevedad, todo es muy acotado»
Crisis del sistema electoral peruano
El constitucionalista identificó múltiples factores que agravan la crisis electoral peruana más allá del conflicto de competencias. La existencia de cuarenta candidatos presidenciales inscritos representa «una locura» sin precedentes internacionales que dispersa la representatividad democrática. García Belaunde recordó que Castillo ganó la primera vuelta con apenas 18% y Keiko Fujimori obtuvo 15%, cifras que demuestran la fragmentación extrema del electorado peruano.
La irresponsabilidad judicial amplifica el problema estructural del sistema electoral según el análisis del jurista consultado. Los jueces «hacen un amparo por cualquier cosa» creando un caos administrativo que paraliza las decisiones electorales en momentos críticos. El especialista propuso reformas al Código Procesal Constitucional para limitar temporalmente la presentación de amparos durante períodos preelectorales específicos.
El comportamiento del anterior JNE bajo la presidencia de Jorge Luis Salas Arenas ejemplifica los excesos institucionales denunciados. García Belaunde relató su experiencia personal solicitando copias de actas electorales, pedido «inocuo» que fue denegado injustificadamente por el organismo. La gestión de Salas Arenas se caracterizó por «tachar a todo el mundo» y crear obstáculos burocráticos innecesarios para candidatos y partidos políticos.
«Hay que poner más trabajos que todos llegan a presentar candidatos, pero hay que poner filtros»
Cuestionamientos al caso Nicanor Boluarte
La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, generó polémica al cuestionar públicamente el segundo allanamiento a Nicanor Boluarte. García Belaunde coincidió parcialmente señalando que «no lo hubiera hecho» por tratarse de una facultad judicial que debe ejercerse prudentemente. El constitucionalista cuestionó la efectividad de allanar dos veces a la misma persona en menos de tres meses sin resultados aparentes.
La intervención gubernamental en defensa del hermano presidencial representa un error político según el análisis jurídico presentado. García Belaunde enfatizó que «la presidenta y los ministros no deben intervenir» en procesos judiciales independientemente de vínculos familiares. Los funcionarios «hablan más de esos temas que de sus carteras» ministeriales, distorsionando sus funciones públicas esenciales.
El nombramiento de Juan José Santiván como ministro de Justicia constituyó «un error político, no jurídico» según la evaluación constitucional. El especialista recordó que resulta inusual nombrar ministros previamente censurados por el Congreso de la República. García Belaunde no recordaba precedentes similares en las últimas administraciones gubernamentales peruanas, exceptuando casos excepcionales de brevísima duración.
«Lo más grave es que los defiendan desde el gobierno. Yo creo que el gobierno, la presidenta, con todo respeto y los ministros no deben intervenir en eso»
Reforma electoral necesaria
La necesidad de reformas legislativas trasciende los conflictos coyunturales según la perspectiva constitucional expuesta durante la entrevista. El Congreso actual ha desechado múltiples propuestas para mejorar la legislación electoral, priorizando la reelección de congresistas actuales sobre el fortalecimiento institucional. Los parlamentarios han «corrido con los plazos» electorales beneficiando partidos con bancada establecida frente a organizaciones políticas nuevas.
La comisión congresual encargada de revisar la legislación electoral no ha logrado avances significativos pese a la urgencia institucional. García Belaunde expresó esperanza en que «se mejoren las cosas» aunque reconoció la falta de progreso legislativo concreto. El sistema electoral peruano enfrenta un «problema estructural» que requiere voluntad política para su solución integral y sostenible.
