El gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de San Román, Edward Calcina Cáceres evadió a empujones declarar a periodistas que lo abordaron para consultarle sobre una red de protección a discotecas, bares y antros ilegales en Juliaca. El funcionario, tras negarse en reiteradas ocasiones, huyó hacia un restaurante mientras gritaba “respétame”, según registros audiovisuales. Su actitud agresiva surge tras la revelación de un informe municipal que expone vínculos irregulares entre fiscalizadores y locales sin licencia, incluyendo amenazas y conflictos de interés.
Un documento oficial del 19 de septiembre de 2025 —informe 107-2025-MPSR/GFC— detalla que Jessica Aracely Zevallos Tito, fiscalizadora contratada bajo el régimen CAS, es conductora del local Atria VIP (Jirón Moquegua 517, Juliaca), sin licencia de funcionamiento ni certificado de seguridad. El establecimiento fue intervenido tras hallarse jóvenes consumiendo alcohol, lo que agrava la infracción por riesgo social y vulneración de normativas. Fotografías y actas prueban su participación directa en el local, comprometiendo la imparcialidad de la fiscalización municipal.
Mensajes de WhatsApp adjuntos al informe revelan amenazas de Zevallos Tito contra otro fiscalizador: “El día de ayer vino a mi local […] queriendo extorsionarme” y “sé perfectamente todo […] no vamos a leer entre gitanos las manos”. También admitió en los chats: “Soy parte de esta gestión” y *“me saqué el miércoles 8 años” **, lo que refuerza la denuncia de conflicto de intereses y posible extorsión. Las capturas, fechadas y firmadas, fueron presentadas como pruebas para un procedimiento administrativo disciplinario (PAD).
El local Atria VIP fue multado el 2 de julio de 2025 por operar sin permisos, según la cédula de notificación 01-2025, firmada por el entonces subgerente Damián Yucra Cuari. Este documento demuestra que Calcina Cáceres conocía la red de fiscalizadores vinculados a antros, pero evitó responder sobre su responsabilidad. La presencia de menores consumiendo alcohol en el establecimiento agrava la falta, pues vulnera ordenanzas y pone en riesgo la salud pública, según el informe municipal.
La fiscalizadora incurrió en incompatibilidad funcional: su rol era controlar locales de expendio de alcohol, pero era responsable de uno ilegal. Además, omitió declarar esta condición en su postulación, lo que configura falsedad en declaración jurada y nulidad de su contrato. El informe recomienda sanciones urgentes y la apertura de un PAD, al considerar que sus acciones afectan la credibilidad de toda la gerencia y podrían constituir delito de amenaza.
El gerente Calcina Cáceres, en lugar de aclarar los hechos, recurrió a la violencia para eludir preguntas. Su actitud evasiva contrasta con las pruebas documentales, según el informe. Esto compromete la idoneidad de su gestión y genera dudas sobre operativos manipulados o favores a antros. La municipalidad aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acciones disciplinarias que tomará.
Testimonios, actas y mensajes recopilados como pruebas exponen un patrón de irregularidades: desde contratos nulos hasta amenazas internas y protección a locales ilegales. El caso no solo cuestiona la transparencia de la gerencia, sino que revela fallas estructurales en los controles municipales. Mientras Calcina Cáceres se niega a declarar, las pruebas documentales exigen respuestas claras sobre cómo una red de este tipo operó bajo su supervisión.
