El exministro del Interior y congresista, Gino Costa Santolalla advirtió que el Parlamento ha venido legislando a favor del crimen organizado durante el último año y medio. Señaló que las leyes aprobadas dificultan la labor de fiscales, jueces y policías para perseguir la delincuencia en todo el territorio nacional.
Costa explicó que las condiciones actuales son muy malas para enfrentar las amenazas a la seguridad ciudadana. Precisó que el Congreso se ha erigido como primer poder del Estado y ha promulgado normas catalogadas como «pro crimen y pro impunidad» que obstaculizan el combate contra las organizaciones criminales.
El legislador denunció que el Ejecutivo ha desmantelado las capacidades de inteligencia e investigación criminal del país. Afirmó que estas herramientas son las más urgentes para identificar a los delincuentes y desarticularlas, pero actualmente se encuentran debilitadas por decisiones del gobierno actual.
«Necesitamos un nuevo gobierno y un nuevo Congreso para revertir esta situación», manifestó Costa durante una entrevista radial. Subrayó que mientras continúen las actuales autoridades, será difícil revertir la ola de violencia que afecta todas las regiones del Perú, incluidas las zonas del altiplano.
El exministro criticó el alto mando policial que se ha mantenido durante estos años sin cambios significativos. Recordó que es el mismo liderazgo que intentó resolver la inseguridad con estados de emergencia que fracasaron y desmanteló la DIBEAC, herramienta clave contra el crimen organizado.
Costa advirtió que la actual coalición de gobierno tiene «la policía que le conviene» para mantener el control ciudadano. Señaló que esta institución reprimió violentamente las protestas de diciembre del 2022 y principios del 2023, sin realizar investigaciones administrativas por las muertes y centenares de heridos.
El congresista enfatizó que el pacto político gobernante busca seguir expoliando recursos públicos y protegerse de la justicia. Indicó que por esa razón pretenden someter al Ministerio Público y al Poder Judicial, además de oponerse al reclamo de justicia de pueblos como Puno.
