El gobierno de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, es percibido como el más corrupto de los últimos diez años, según los resultados de la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2025, realizada por Proética e Ipsos Perú. El estudio, que recoge las opiniones de 1,300 ciudadanos en zonas urbanas del país, revela que la corrupción se consolida como el segundo problema más grave del Perú, superado solo por la delincuencia.
El 72% de los encuestados identifica al gobierno de Dina Boluarte como el más corrupto de la última década, superando ampliamente a gestiones anteriores como las de Ollanta Humala, Pedro Castillo o Martín Vizcarra. Esta percepción es especialmente marcada fuera de Lima Metropolitana, donde el rechazo alcanza el 75%, en contraste con el 67% registrado en la capital.
La encuesta también destaca que la corrupción ya no es vista únicamente como un problema económico, sino como una quiebra directa de la confianza en las autoridades y los servicios públicos. El 87% de los ciudadanos considera que la corrupción afecta su vida cotidiana, impactando en la programación de citas médicas, la alimentación escolar y la obtención de vacantes en colegios. Ante la ausencia del Estado, el 80% de los encuestados justifica el pago de coimas para satisfacer necesidades urgentes, normalizando prácticas corruptas como una respuesta a la ineficiencia institucional.
José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, destacó que la ciudadanía ha cambiado su enfoque: «La respuesta ahora es !métalos a todos adentro¡», en años anteriores el 70% priorizaba la educación en valores como solución a largo plazo, hoy el 56% exige el incremento de penas y sanciones inmediatas para funcionarios corruptos, y el 51% demanda una reforma judicial que garantice justicia efectiva. La honestidad se ha convertido en el atributo más valorado en los candidatos para las elecciones de 2026, superando la experiencia o la capacidad de gestión.
El Congreso de la República es percibido como la institución más corrupta, con un 85% de desaprobación, un aumento de 20 puntos porcentuales respecto a mediciones anteriores. La Fiscalía de la Nación también registra un incremento significativo en su percepción de corrupción, pasando de un 20% a un 60% de desaprobación. Los ciudadanos identifican vínculos directos entre representantes congresales y economías ilegales, como el narcotráfico y el crimen organizado, según el 94% de los encuestados.
El sistema judicial enfrenta su peor crisis de credibilidad, el 90% de los encuestados reporta haber pagado o conocer a alguien que pagó para obtener fallos judiciales, expedientes a tiempo o la solución de casos. Sin embargo, solo el 10% denuncia estas situaciones, principalmente por temor a represalias o la convicción de que las denuncias no tendrán efecto. La corrupción sexual también emerge como una forma de violencia, especialmente contra mujeres adultas, niñas y adolescentes, en entornos como colegios, universidades y comisarías.
Gargurevich señaló que las elecciones de 2026 representan una oportunidad para el cambio, siempre que los candidatos demuestren integridad probada y compromisos claros contra la corrupción. «La ciudadanía debe votar con conciencia, verificando que los representantes no tengan vínculos con ilegalidades que capturan las instituciones», advirtió. El momento exige acciones inmediatas y sanciones efectivas para recuperar la confianza en las autoridades, los servicios públicos y el sistema democrático, que atraviesa su momento más crítico en la percepción ciudadana.
