El gobierno de Dina Boluarte aprobó una reforma a la ley 27692 que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con la intención de controlar el uso de recursos y supervisar la cooperación técnica no reembolsable, pero esta medida genera preocupación por restringir la defensa legal de víctimas de las protestas de 2022 y 2023. José Bayardo Chata Pacoricona, director de Derechos Humanos y Medio Ambiente, advierte que la reforma busca limitar el trabajo de organizaciones que apoyan a las comunidades afectadas y obstaculizar la búsqueda de justicia.
Chata Pacoricona explica que la ley ahora impone sanciones a quienes ofrecen asesoría legal gratuita a poblaciones campesinas y vulnerables, lo que dificulta la defensa de los derechos de quienes sufrieron violaciones durante las manifestaciones. Esta modificación afecta directamente a las organizaciones que han acompañado a las víctimas en su lucha por reparación y verdad.
El director señala que la presidenta Boluarte acusa a estas organizaciones de generar división y odio, pero en realidad su labor se centra en proteger a las personas que no cuentan con recursos para acceder a abogados, especialmente en zonas rurales donde ocurrieron las masacres.
Además, Chata Pacoricona advierte que el gobierno evalúa retirarse del Pacto de San José para evitar la supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que refleja una intención clara de evadir responsabilidades por las violaciones ocurridas durante las protestas.
El papel de las organizaciones de derechos humanos es fundamental en un contexto donde el Estado ha vulnerado derechos básicos, por eso el gobierno busca silenciar estas voces mediante persecución y ataques directos, según el director.
Recientemente, el Congreso aprobó una ley que facilita el despojo de tierras comunales, lo que se suma a una ofensiva contra las comunidades indígenas y sus defensores, dificultando aún más la defensa legal y social de estos grupos.
Chata Pacoricona sostiene que la presidenta Boluarte intenta protegerse mientras está en el cargo, pero una vez que termine su mandato enfrentará la justicia como cualquier ciudadano, por lo que busca bloquear cualquier investigación en su contra.
En cuanto a la transparencia, el director aclara que la reforma no mejora la fiscalización de los recursos, ya que las organizaciones no gubernamentales están sujetas a auditorías estrictas desde su creación, y la verdadera intención es sancionar a quienes defienden derechos humanos.
El Congreso también aprobó medidas para brindar abogados gratuitos a policías y militares investigados por las masacres, mientras retira el apoyo legal a las víctimas, beneficiando así a altos mandos militares, policías y sectores económicos con intereses en el conflicto.
Ante esta situación, las organizaciones de derechos humanos preparan acciones legales para impugnar la ley por vulnerar derechos como la libertad de asociación y el acceso a la justicia, y aunque enfrentan un contexto adverso con posibles presiones sobre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, mantienen firme su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.
Chata Pacoricona concluye que, pese a las dificultades, las organizaciones continuarán su trabajo para garantizar que las víctimas no queden sin voz ni apoyo, y que la justicia prevalezca frente a las acciones del gobierno que buscan limitarla.
