La presidenta Dina Boluarte anunció que los mineros con Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en suspensión pasarán a ser considerados ilegales, una medida que afectará a unos 4,000 mineros en Puno, donde el control de la minería ilegal se vuelve más estricto. Esta decisión busca frenar la informalidad y mejorar la seguridad en una región marcada por la minería irregular y conflictos asociados.
En Puno, existen cerca de 12,000 mineros inscritos en el REINFO, pero un tercio de ellos está suspendido por no cumplir con requisitos básicos como la declaración anual o la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental. Estos mineros perderán su registro y no podrán continuar sus trámites para operar legalmente, explicó Edwin Chambilla Palomino, director regional de Energía y Minas.
La situación en Puno se asemeja a la de otras zonas conflictivas como la provincia de Pataz, en Libertad, donde la violencia ha cobrado vidas en el sector minero. En Puno, lugares como La Rinconada y las provincias de San Antonio de Putina, Carabaya y Sandia enfrentan problemas similares, con presencia de grupos relacionados al crimen organizado que dificultan la fiscalización.
Chambilla indicó que los mineros suspendidos no tienen autorización para trabajar y si lo hacen, automáticamente serán considerados ilegales, lo que agrava la problemática. La Dirección Regional de Energía y Minas impulsa capacitaciones para que los mineros cumplan con las normas y avancen en la formalización, proceso que ha ganado interés desde el año pasado.
El director regional reveló que las condiciones en zonas como La Rinconada complican las labores oficiales, ya que enfrentan amenazas y violencia que obligan a retirarse de algunas minas. En la selva puneña, la minería ilegal estaría vinculada a actividades ilícitas como el narcotráfico, lo que genera enfrentamientos y limita la supervisión.
Pese a estos retos, la DREM mantiene su compromiso para regularizar la minería en Puno y llama a los mineros a cumplir con los requisitos legales para operar dentro del marco establecido. La formalización no solo protege a los trabajadores, sino que también ayuda a reducir la criminalidad y mejorar la seguridad en la región.
La nueva directiva del gobierno busca que la minería ilegal disminuya en todo el país, con Puno como una prioridad para frenar la informalidad y promover la legalidad. Edwin Chambilla destacó que este proceso requiere la colaboración de todos los actores involucrados para lograr un cambio sostenible.
Finalmente, la DREM continuará trabajando junto a la fiscalía y la policía para enfrentar los desafíos en La Rinconada y la selva puneña, buscando crear un ambiente minero más seguro y regulado, que beneficie a la población y al desarrollo regional.
