La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva controversia. El Despacho Presidencial aprobó desembolsar 180 mil soles para financiar su defensa legal por las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las violentas protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.
Según la Resolución Administrativa n.º 000020-2024-DP/OGA, se dispone la contratación directa de la defensa legal para Boluarte, en su calidad de presidenta en funciones, por un monto de S/. 180 mil, incluidos impuestos. La Oficina de Abastecimiento debe realizar las gestiones necesarias para ejecutar el procedimiento de Contratación Directa.
La resolución establece que dicho documento sea publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) dentro de días hábiles tras su aprobación, permitiendo que las personas interesadas puedan acceder a su contenido.
Boluarte Zegarra presentó su solicitud de defensa el pasado 30 de enero de 2024, subsanada el 6 de febrero. La contratación se justifica en la necesidad de la presidenta de contar con patrocinio legal, según indica la resolución administrativa.
Las protestas sociales que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tras la destitución del expresidente Castillo, dejaron un saldo de 29 fallecidos, según cifras oficiales. Boluarte es investigada por su presunta responsabilidad en estas muertes.
La decisión del Despacho Presidencial de financiar la defensa legal de Boluarte con fondos públicos ha generado críticas de diversos sectores, que cuestionan el uso de recursos estatales para este fin en medio de una crisis política y social prolongada.
Esta nueva controversia se suma a los cuestionamientos previos sobre el estilo de vida de la mandataria, como el uso de relojes de lujo y otros bienes suntuosos, en un contexto de alta conflictividad social y económica en el país.
