El gobierno de Dina Boluarte expresó su rechazo a la ordenanza aprobada por el Consejo Regional de Puno que reconoce al lago Titicaca como sujeto de derecho, señalando que esta medida va en contra de la Constitución y genera conflictos entre niveles de gobierno. A través de un comunicado conjunto, los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Justicia y Derechos Humanos, y Cultura advirtieron que la norma carece de validez jurídica y puede afectar la coordinación para proteger este recurso natural.
La ordenanza fue aprobada por unanimidad hace pocos días, impulsada por la Red de Mujeres Lideresas en Defensa del Lago Titicaca, un colectivo formado por mujeres de comunidades locales que buscan fortalecer la protección del lago, considerado vital para la región. Esta iniciativa busca que el lago tenga derechos legales para existir, mantenerse, ser restaurado y regenerado, lo que representa un avance en la defensa ambiental desde la sociedad civil.
El gobierno central respondió solicitando un diálogo con las autoridades regionales de Puno, a través de un oficio del Ministerio de Cultura, con la intención de coordinar esfuerzos y evitar que la norma regional afecte las políticas nacionales y binacionales de conservación del lago. En su comunicado, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la protección del lago Titicaca mediante una gestión multisectorial que involucra a diversas instituciones y comunidades.
Los ministerios explicaron que el lago ya cuenta con un marco legal que garantiza su protección, incluyendo su reconocimiento como patrimonio natural y su designación como sitio Ramsar y Reserva Nacional, estatus que ofrece protección especial tanto en Perú como en Bolivia. Además, resaltaron la labor conjunta de ambos países a través de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca para asegurar la conservación de este ecosistema único.
El comunicado enfatizó que la ordenanza regional no toma en cuenta las leyes nacionales que regulan la protección ambiental ni las competencias establecidas para los gobiernos regionales y el Ejecutivo. Por ello, el gobierno considera que la norma podría generar problemas legales y administrativos que dificulten la aplicación de políticas efectivas para el cuidado del lago.
Asimismo, el Ejecutivo invitó al Consejo Regional de Puno a sumarse a los esfuerzos ya existentes para proteger el lago Titicaca, utilizando los mecanismos legales vigentes y evitando la creación de normas que puedan generar conflictos entre los diferentes niveles de gobierno. Esta invitación busca fortalecer la cooperación y evitar divisiones que afecten la conservación del recurso.
La ordenanza histórica reconoce al lago Titicaca como sujeto de derecho y exige a las autoridades diseñar políticas públicas que garanticen su protección integral, lo que representa un paso importante para las comunidades que dependen del lago y para la defensa ambiental en la región. La iniciativa refleja la creciente participación de grupos sociales en la gestión ambiental y la búsqueda de nuevas formas de proteger los ecosistemas.
