El Gobierno Regional de Puno evalúa designar un nuevo director regional de Trabajo y Promoción del Empleo desde la próxima semana, tras la detención de Abelardo Fernández Estofanero, por un caso de violencia familiar ocurrido este último domingo, mientras se desarrolla una audiencia judicial en su contra.
El gerente general del gobierno regional de Puno, Oscar Macedo Cárdenas, confirmó que el proceso de cambio se realizará en el marco de la Ley 31419, norma que exige una evaluación de idoneidad desde la Oficina de Recursos Humanos para identificar al profesional que cumpla los requisitos necesarios para asumir el cargo.
Macedo Cárdenas, declaró que «no vamos a permitir que ningún agresor cumpla funciones en el gobierno regional», y precisó que el lunes de la próxima semana podría contarse ya con un nuevo director regional de Trabajo, siempre que la resolución judicial confirme la situación del funcionario detenido.
Cambio célere, pero condicionado al fallo judicial
El gerente, indicó que el proceso será realizado de forma célere, aunque reconoció que existen antecedentes de funcionarios detenidos que resultaron absueltos, razón por la que el Gobierno Regional aguarda el resultado formal de la audiencia antes de formalizar el cambio.
Mientras se resuelve la situación jurídica de Fernández Estofanero, la Dirección Regional de Trabajo, opera con un encargado en funciones, cargo que recae en el administrador de la institución para evitar un vacío en la gestión del despacho regional.
El Gobierno Regional, también evalúa la situación de una trabajadora de la Dirección Regional de Trabajo, señalada por el fiscal, como involucrada en el incidente de violencia, hecho que podría derivar en acciones administrativas adicionales según confirmó la propia institución.
Certificado con fecha previa a la solicitud
El director regional de Trabajo de Puno, Abelardo Fernández Estofanero, presentó una solicitud de licencia acompañada de un certificado médico el lunes 16 de marzo, un día después de ser detenido por violencia familiar el domingo.
El certificado médico que acompañó el trámite lleva fecha del 15 de marzo, un día antes del ingreso del documento, y consigna lesiones vinculadas a la condición de detenido del propio director al momento de los hechos.
El caso expone una posible vulneración de los procedimientos administrativos del Gobierno Regional, ya que un funcionario detenido habría gestionado documentos oficiales con firma digital, generando dudas sobre los mecanismos de control interno de la institución.
