El Gobierno Regional de Puno asignó apenas S/ 6 millones 672,717 —el 0.7% de su presupuesto de S/ 861 millones— para mejorar la seguridad ciudadana en 73 distritos de 11 provincias, según datos del MEF al 9 de marzo de 2026 y el perfil de proyecto elaborado por el mismo Gobierno Regional de Puno. La cifra contrasta con regiones como La Libertad, que invirtió S/ 100 millones en proyectos similares.
Mientras Arequipa, Cusco, Ica y Tacna ejecutan obras por impuestos con montos superiores a S/ 268 millones, Puno limita su acción a la compra de 12 camionetas 4×4, 200 motocicletas y equipos básicos. La Unidad Ejecutora 0030, liderada por Richard Hancco Soncco, solo ha avanzado un 0.6% en la ejecución de este presupuesto.
San Román, una de las provincias más vulnerables, quedó fuera del proyecto «Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local». El perfil técnico, elaborado en agosto de 2024, no justifica esta omisión, pero revela que la inversión se concentrará en Azángaro, Carabaya y Sandia, zonas con alta incidencia delictiva.
El documento detalla que los beneficiarios directos serán 19,798 ronderos campesinos, distribuidos en 671 bases de patrullaje. Sin embargo, la falta de recursos limita la cobertura real: solo 11 talleres de capacitación y dos eventos de difusión están previstos para toda la región.
El perfil técnico, con código único 2683535, propone gastar S/ 4.5 millones en vehículos y equipos, y S/ 86,000 en capacitaciones. El resto —S/ 586,000— se destinará a gastos administrativos. Hancco Soncco defendió que «este presupuesto resuelve las necesidades», aunque expertos señalan que es insuficiente para 73 distritos.
El proyecto incluye 12 radios centrales, 273 radios móviles y chalecos reflectivos, pero no contempla mantenimiento sostenible. «Los gobiernos locales asumirán los costos», indica el documento, sin garantizar fondos adicionales.
«Con S/ 6 millones no se cubre ni el 10% de lo necesario», advirtió un especialista en seguridad ciudadana. Regiones como Loreto y Tumbes, con presupuestos cinco veces mayores, logran mayor impacto. En Puno, la falta de planificación agrava la inseguridad en zonas rurales, donde el 60% de delitos quedan impunes.
El proyecto, ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Social, promete «reducción de delitos», pero sin métricas claras. «Es un parche, no una solución», criticó Orlando Fernandez Sejje de Juliaca, quien denunció el hecho.
El avance del 0.6% refleja la lentitud burocrática. El cronograma establece que la ejecución debe culminar en diciembre de 2025, pero la falta de recursos y personal calificado pone en riesgo los plazos. «Sin más fondos, esto quedará en papel», alertó un funcionario bajo anonimato.
Mientras, la población rural sigue expuesta. El perfil técnico reconoce que la «inseguridad frena el desarrollo», pero las acciones propuestas —como talleres esporádicos— son insuficientes. Puno, otra vez, queda relegado.
