El Gobierno Regional de Puno, a través del programa PRADERA, dividió ilegalmente la compra de maquinaria agrícola para un proyecto en el distrito de Santiago de Pupuja, Azángaro. Esta acción violaría la ley de contrataciones públicas y evitó que el Estado obtenga mejores precios y condiciones.
El jefe de la Comisión de Control, Elivio Sebastián Jaliri Flores, confirmó que se fraccionaron tres contratos por un total de 516 mil 500 soles, cuando la ley obliga a agruparlas en un solo proceso para garantizar transparencia y competencia.
El informe detalla que, en septiembre de 2022, PRADERA realizó tres compras separadas de carretas agrícolas, rastros y empacadoras, todas para el mismo proyecto de mejora productiva. Cada compra se hizo mediante adjudicaciones simplificadas, un procedimiento que no correspondía al monto total.
Según las normas, al superar los 400 mil soles, el proceso debía ser una licitación pública, que permite mayor competencia y mejores ofertas. La Contraloría señala que esta división limitó la participación de más proveedores y afectó la legalidad de las contrataciones.
El documento oficial explica que las tres compras tenían el mismo objetivo: equipar el Proyecto de Inversión Pública (PIP) para mejorar las cadenas productivas en Santiago de Pupuja. Sin embargo, al fraccionarlas, se evitó un proceso más transparente y económico.
El jefe del Órgano de Control Institucional, David Adolfo Silva Cervantes, aprobó el informe y ordenó al director de PRADERA, Fredy Edmundo Álvarez Lupaca, que presente un plan de acción en 20 días. El objetivo es corregir las irregularidades y determinar responsabilidades.
