El gobierno regional de Puno cuenta con un presupuesto de 2,680 millones de soles, de los cuales 699 millones fueron destinados para obras. Lamentablemente, solo el 4% de este presupuesto ha sido gastado, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.
El ingeniero Wilber Cutipa Alejo refiere que la Ley de Contrataciones del Estado solo beneficia al gobierno central, dejando de lado el desarrollo de los gobiernos regionales.
A su vez, el profesional señala que la mayor responsabilidad de las obras paralizadas en el país y en la región de Puno recae en los evaluadores de los expedientes técnicos, quienes son los encargados de determinar si estos documentos cumplen con los requisitos mínimos exigidos.
Por su parte, el abogado Fredy Vilca menciona que, tras el informe económico del gobernador Richard Hancco, se ha dado cuenta del difícil reto que se avecina, además de evidenciar la pésima administración de las anteriores gestiones.
Destacó que será la sociedad civil la encargada de revisar el contenido de esta audiencia pública del gobierno regional y corroborar los avances, logros y capacidad de gestión de las autoridades ediles.
En relación a la ley de contrataciones del estado como causa de rezago en la ejecución presupuestal, argumentó que «la mejor ley en manos de malos funcionarios se convertirá en la peor ley». Añadió que el problema radica en aquellos que aplican esta norma y lamentó la falta de sanciones condenatorias contra los funcionarios que cometen delitos contra la administración pública.
