Granjas de bots operan abiertamente en Perú vendiendo ejércitos digitales de cuentas falsas creadas con inteligencia artificial para manipular redes sociales, sin que exista regulación legal que frene esta industria en expansión ante las elecciones generales 2026.
Dante Oliveros, vendedor de la empresa Trust, promociona estos servicios en redes con placas electrónicas controladas por software vietnamita que permite comentar, dar likes, seguir cuentas e inflar transmisiones en vivo. Cada granja tiene en stock alrededor de 500 cuentas falsas por plataforma, con perfiles y fotos generadas por inteligencia artificial que simulan usuarios reales para ejecutar acciones masivas desde una computadora.
El servicio más cotizado es la limpieza de imagen política, según explica Oliveros: «Consiste en hacer denuncias a post que hayan de hate hacia una persona o hacer comentarios a favor de la persona», agregando que políticos contratan a través de agencias de marketing para evitar contacto directo con los proveedores de bots.
Vacío legal favorece expansión
El abogado experto en ciberseguridad Ricardo Elías advierte que aunque no existe ley específica, el uso de bots puede derivar en estafas, difamación o acoso digital dependiendo del objetivo. Perú se ha convertido en centro regional con 30% de clientes mexicanos, 30% colombianos y contratos para procesos electorales en Argentina, Paraguay y República Dominicana, según datos del vendedor consultado.
El experto español Julián Masías detectó millones de cuentas falsas en elecciones ecuatorianas recientes, donde hashtags fueron tendencia sin un solo tweet de cuenta real. Las campañas de Peña Nieto en México 2012 y Claudia Sheinbaum usaron más de 20,000 cuentas falsas para manipulación electoral, ejemplificando la magnitud del fenómeno en la región latinoamericana sin legislación efectiva.
Los especialistas coinciden en que las granjas destruyen el diálogo democrático al difundir visiones polarizadas y discursos de odio que deslegitiman adversarios políticos. Aunque se impulsan iniciativas legislativas para regular esta actividad, para las elecciones 2026 ya es demasiado tarde implementar controles efectivos que protejan la integridad del debate público electoral peruano.
