El informe de la Contraloría General de la República del Perú reveló que el regidor de la Municipalidad Distrital de Pusi (Huancané) José Cayo Mamani, habría cometido actos de nepotismo al influir en contratos de sus hermanos; Baltazar Cayo Mamani y Felipe Cayo Mamani como operarios en la obra “Creación del servicio de habitabilidad institucional en el C.P. Carabuco”. Ambos hermanos trabajaron entre el 1 y el 17 de marzo de 2024, percibiendo S/ 1,050 cada uno por 15 días laborados, según las planillas de pago y tareos adjuntos al comprobante de pago CP 364-2024.
La obra, ejecutada bajo administración directa, tuvo un presupuesto inicial de S/ 717,569 y un costo actualizado de S/ 803,388. Las actas de nacimiento y los registros del RENIEC confirman que los tres son hermanos, hijos de Silvestre Cayo Pacompia y Victoria Mamani Maraza. Este vínculo de segundo grado de consanguinidad configura una violación a la Ley 26771, que prohíbe la contratación de parientes hasta el cuarto grado en el sector público.
El informe de la Contraloría detalla que los pagos a los hermanos Cayo Mamani se realizaron mediante el comprobante CP 364-2024, emitido el 3 de abril de 2024, por un monto total de S/ 25,950 para 26 trabajadores. Las planillas de pago y los tareos, firmados por el supervisor Daniel Callata Vilca y el residente Ronald Calli Chira, confirman la participación de Baltazar y Felipe como operarios, cada uno con un jornal de S/ 70 diarios.
Además, las actas de nacimiento N° 149, 15 y 233, emitidas por la Municipalidad Distrital de Pusi, demuestran que los tres hermanos comparten los mismos padres, lo que refuerza la presunción de nepotismo. La Contraloría concluyó que este acto afectó la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, incumpliendo los principios de legalidad e integridad establecidos en la normativa peruana.
El alcalde de la comuna local de Pusi, Delfín Colca Colca, no se ha pronunciado sobre el caso, a pesar de que la Contraloría notificó oficialmente a la municipalidad el 5 de diciembre de 2025. Hasta la fecha, la comuna no ha remitido ningún documento que aclare las acciones tomadas frente al presunto delito, incumpliendo el plazo de 20 días hábiles establecido por la Contraloría para presentar un plan de acción.
Fuentes cercanas a la municipalidad revelaron la existencia de una «jura de silencio» entre los funcionarios, donde cualquier persona que revele información sería seriamente reprendida. Este silencio agrava la situación, ya que la falta de respuesta oficial impide avanzar en la investigación y en la aplicación de las sanciones correspondientes.
