El centro poblado de Inchupalla, en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, lleva tres años sin un alcalde legítimo y el palacio municipal cerrado, debido a un proceso judicial que ha paralizado cualquier solución.
La judicialización del caso en el Poder Judicial impidió que la Municipalidad Provincial de Puno avance con las acciones necesarias para resolver el problema, dejando a la población sin representación y sin acceso a gestiones básicas.
Yonnel de la Cruz Conejo gerente de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, explicó que se conformó una comisión transitoria para buscar una solución. Sin embargo, el proceso se detuvo cuando el caso llegó a los tribunales.
La Procuraduría de la municipalidad ahora maneja el tema, pero el plazo para resolverlo se agota este 2026, año en que termina el periodo de mandato.
De la Cruz señaló que la judicialización suspendió incluso la asesoría jurídica de la municipalidad, lo que complica aún más la situación. «Estamos haciendo un seguimiento cercano para que, al menos en este último año, la población tenga un alcalde que pueda gestionar el desarrollo de Inchupalla», afirmó el funcionario.
La población de Inchupalla sigue a la espera de una solución que les permita elegir a sus autoridades y acceder a proyectos de desarrollo. El gerente reconoció que la demora afecta directamente a los habitantes, quienes no cuentan con un gobierno local que atienda sus necesidades básicas.
El caso sigue en manos del Poder Judicial, pero no hay fechas claras para su resolución. Mientras tanto, la municipalidad provincial asegura que no puede intervenir hasta que el proceso legal se defina y esto deja a Inchupalla en un limbo administrativo, sin posibilidad de avanzar en obras o programas sociales.
