El abogado Jesús Vilca, en relación con el reportaje emitido este domingo por un medio nacional, señaló irregularidades en el proceso de contratación del programa Qaliwarma, luego de que se denunciara que un proveedor habría pagado coimas a Digesa para encubrir productos de mala calidad y manipular las muestras de niños intoxicados. Vilca destacó que las implicancias legales no solo abarcan el ámbito penal, sino también el administrativo y de contrataciones públicas.
Según Vilca, la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su reglamento establecen que las entidades contratantes, como Qaliwarma, deben verificar que los proveedores cumplan con las especificaciones técnicas antes de dar conformidad a los productos entregados. «Se sospecha que Qaliwarma dio su conformidad a pesar de que la empresa no cumplió con los estándares de calidad, lo que ha causado daños a la salud», precisó el abogado a través de Valgan Verdades de Pachamama Radio.
El caso implicaría responsabilidad directa de los funcionarios de Qaliwarma, quienes habrían permitido que el proveedor cobrará por productos en mal estado. «Es necesario investigar bajo qué condiciones se otorgó la conformidad, ya que la empresa y los funcionarios están involucrados hasta el cuello», afirmó Vilca.
Desde el punto de vista legal, los funcionarios involucrados podrían enfrentar cargos por colusión y negociación incompatible, además de incumplimiento de funciones. Asimismo, Vilca mencionó que, en el ámbito administrativo, se debería resolver el contrato con la empresa proveedora y sancionar a los responsables mediante un proceso administrativo.
En cuanto a la posibilidad de manipulación de los resultados por parte de Digesa, Vilca indicó que esto también constituiría un delito grave, ya que podrían haberse alterado las pruebas para beneficiar al proveedor. «Si se comprueba que funcionarios de Digesa cambiaron los resultados de laboratorio a cambio de sobornos, se configurarían delitos como colusión y negociación incompatible», explicó.
Finalmente, Vilca señaló que la Fiscalía tiene la facultad de actuar de oficio en este tipo de casos, pudiendo realizar investigaciones inmediatas tanto a la empresa como a los funcionarios involucrados. Aunque la defensa del proveedor ha anunciado que pedirá la nulidad de las pruebas por supuesta obtención ilícita, el abogado consideró que esta solicitud carece de fundamento, ya que las pruebas de laboratorio son determinantes y pueden ser verificadas nuevamente.
