El jefe regional de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Puno Waldir Zanabria Ortega reveló que son 30 acciones sancionadoras contra instituciones educativas privadas que vulneran normativas de convivencia escolar. Las declaraciones se realizaron durante una campaña informativa desarrollada en el MAC Juliaca.
INDECOPI sancionó a más de 30 colegios privados en Puno por incumplir la Ley Anti-Bullying. Las instituciones educativas enfrentan multas económicas que oscilan entre 1 UIT hasta 450 UIT según la gravedad del caso detectado.
«La mayoría de reclamos que presenta la ciudadanía estudiantil son contra servicios bancarios y financieros», declaró Zanabria Ortega sobre los principales problemas identificados en su gestión institucional durante el último año de trabajo.
Las cooperativas de ahorro acumulan el mayor número de quejas ciudadanas por negarse a devolver depósitos. Los consumidores depositan sus ahorros pero las entidades «les dan largas» cuando solicitan retirar su dinero según explicó el funcionario.
Los bancos registran el segundo lugar en reclamos por movimientos no reconocidos en tarjetas de crédito. «Los consumidores ven en sus estados de cuenta movimientos que ellos no hicieron», detalló el jefe regional sobre esta problemática financiera.
Las instituciones educativas sancionadas carecen de profesionales en psicología de manera permanente. Este requisito legal resulta fundamental para prevenir casos de bullying y garantizar la convivencia pacífica estudiantil en los planteles educativos.
INDECOPI verificó que múltiples colegios no mantienen libros de incidencias obligatorios. Estos documentos deben registrar cualquier caso de acoso escolar para el seguimiento correspondiente por parte del profesional psicológico asignado.
La institución educativa militarizada de Salcedo fue multada anteriormente con 3.40 UIT por publicidad engañosa. En 2017 INDECOPI sancionó este establecimiento por publicitarse como militarizada sin contar con la autorización correspondiente del sector educativo.
Los padres de familia deben verificar las autorizaciones de UGEL antes de matricular a sus hijos. «Las instituciones educativas tienen la obligación de informar si tienen las autorizaciones», enfatizó Zanabria sobre esta responsabilidad institucional.
INDECOPI continúa monitoreando planteles educativos privados durante todo el año académico. Las denuncias anónimas de padres incluyen venta de boletas, materiales educativos y uniformes no autorizados en diversos establecimientos de la región.
