Trilce Valdivia, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, expresó su preocupación por las recientes reformas legislativas impulsadas desde el Congreso de la República, advirtiendo sobre posibles riesgos para la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público, destacó aspectos clave de la situación actual, como la afectación a las garantías constitucionales.
En primer lugar, señaló que las modificaciones legislativas han afectado garantías constitucionales esenciales, como la facultad del Ministerio Público para dirigir investigaciones y los límites en casos de flagrancia. Según Valdivia, estas garantías están claramente establecidas en la Constitución y son fundamentales para la autonomía de las instituciones judiciales. “Intentar cambiar estas reglas del juego a través de leyes inferiores a la Constitución vulnera el marco constitucional acordado por todos”, subrayó en conversación con Voces del Sur de la Red Micaelas.
En segundo lugar, Valdivia criticó la creación de comisiones exclusivamente parlamentarias para abordar reformas fundamentales, como la del Código Penal. Consideró que estas carecen del bagaje técnico necesario, ya que no incluyen la participación de juristas, magistrados o expertos en derecho penal. “Modificar un código de tal importancia sin un amplio diálogo técnico y nacional es una receta para el fracaso”, indicó, mencionando también el riesgo de que estas iniciativas sean influenciadas por intereses políticos o vínculos con organizaciones delictivas.
Finalmente, la abogada advirtió sobre las intenciones de criminalizar las decisiones judiciales mediante nuevas sanciones penales para jueces, las cuales podrían utilizarse como un mecanismo de presión o intimidación. Esto, según Valdivia, podría mermar la seguridad jurídica y la función jurisdiccional en el país. Además, destacó que la politización de organismos clave como la Junta Nacional de Justicia representaría un peligro mayor para la independencia de los poderes del Estado.
Valdivia concluyó resaltando la importancia de que estas reformas sean evaluadas desde una perspectiva constitucional y de manera transparente. La comisión planteada por la Corte Suprema para analizar las reformas podría presentar acciones de inconstitucionalidad si se confirma que estas vulneran garantías fundamentales, fortaleciendo así el equilibrio de poderes.
