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Ministerio Público no entrega píldoras del día siguiente a víctimas de violación

Publicado el 05/11/2018 08:45 pm

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El pasado 20 de enero, la adolescente de iniciales X. H. P., de 14 años, llegó acompañada de su mamá al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores. Ese día, los oficiales vieron a una menor nerviosa y confundida. Su madre aseguraba que había sido violada por un joven mayor de edad.

 

La noche anterior, X. H. P. había salido con un grupo de muchachos a tomar cerca de su barrio. Como parte de un juego de retos, bebió más de la cuenta hasta perder el conocimiento. Horas después, ella apareció en la cama de un hotel con uno de los muchachos. "Tengo dolores en el cuerpo. No recuerdo si tuve relaciones con él", contó en su manifestación policial.

 

La víctima pasó por el Instituto de Medicina Legal y se determinó, a través de los exámenes de 'defloración reciente', lo que confirmaba: había sido ultrajada. Sin embargo, el médico legista que la atendió no le brindó un anticonceptivo oral de emergencia (AOE), pese a que estaba en el plazo de las 72 horas para evitar un embarazo. Tampoco le informó que tenía derecho a acceder de uno en un centro de salud.

 

Otro caso. En una camilla del hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores, se encuentra la adolescente de iniciales R. P. T., de 13 años, internada en emergencia por una hemorragia vaginal. La fiscal de familia que tomó su caso registró que la menor había sido ultrajada por uno de sus vecinos tras haber bebido con él y otro grupo de amigos.

 

La menor llevaba casi 24 horas de haber sido abusada y nadie en el hospital le había informado que podía acceder a las pastilla oral de emergencia para evitar un embarazo no planificado.

 

Y es que la información y entrega de esta píldora por parte de los centros de salud y del Instituto de Medicina Legal a las víctimas de abuso sexual es un deber del Estado y un derecho de las mujeres. Sin embargo, no se cumple.

 

Incumplimiento de ley

Según el artículo 59.1 del Decreto Supremo 009-2016, de la Ley N°30364 que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres, ordena al Instituto de Medicina Legal y a los centros de salud que tengan insumos, equipos de emergencia para casos de violación sexual e informar sobre el derecho a recibir tratamiento frente a enfermedades de transmisión sexual, antirretrovirales y el AOE.

 

Sin embargo, pese a que ya ha pasado más de un año de este decreto supremo, el Instituto de Medicina Legal no cuenta con el AOE para entregar a las víctimas de violación sexual cuando acuden a realizarse el examen médico legista ni tampoco se les informa que existe este medicamento para evitar un embarazo. Esto, debido a que el Ministerio Público no ha pedido la píldora al Ministerio de Salud (Minsa).

 

Al respecto, el Ministerio Público, a través de la oficina de Imagen Institucional, precisó a este diario que no es competencia del Instituto de Medicina Legal distribuir dicha píldora ni tampoco realizar labor asistencial como sí lo hacen los centros de salud.

 

No obstante, la fiscal de familia Violeta Cristina Gómez Hinostroza hizo una observación de incumplimiento de la ley y explicó que el Ministerio Público no ha dado tampoco una directiva para que Medicina Legal cumpla con la distribución de la píldora a las víctimas de violencia sexual en el plazo de las 72 horas.

 

Recordó que "negar la provisión de los anticonceptivos de emergencia a las víctimas de violación es una forma de violencia y discriminación contra la mujer y que el embarazo por violación es un embarazo forzado". "El Ministerio Público debe pedirlo al Minsa, ya que ellos tienen la dotación de este anticonceptivo".

 

Según el Minsa, sí se distribuye el AOE a los establecimientos de salud a nivel nacional desde que en el 2016 se autorizó por medida cautelar.

 

En un recorrido que realizó este diario a centros de salud del Minsa como las postas Los Libertadores (San Martín de Porres) y Primavera (Los Olivos) se conoció que sí contaban con el AOE y que se los daban a víctimas de violación sexual o a quienes no habían usado un método anticonceptivo.




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