POLÍTICA

Van tres congresistas con sentencia de prisión efectiva

Publicado el 28/03/2018 07:00 pm

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Consta en las imágenes de archivo: la noche del 21 de diciembre, el parlamentario cusqueño Benicio Ríos Ocsa no pudo ocultar su rostro desencajado mientras observaba el tablero de votación del hemiciclo del Congreso: su voto disidente en Alianza Para el Progreso (APP) no había ayudado a alcanzar los 87 votos que se necesitaban para vacar a Pedro Pablo Kuczynski.

 

Ríos Ocsa abandonó su curul en silencio, mientras los demás miembros de su bancada, que votaron en abstención para evitar la vacancia, aplaudían y se abrazaban con legisladores del oficialismo.

 

El voto disidente del legislador cusqueño podría pasar por alto de no ser por un detalle: tres días antes el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del Cusco había dictado en su contra, en forma preliminar, una condena de siete años de cárcel efectiva por el delito de colusión.

 

El 28 de diciembre se dio lectura a la sentencia completa. El legislador presentó una apelación y precisamente ayer hubo en Cusco una audiencia para la revisión de este recurso. Ahora solo falta la decisión final en segunda instancia.

 

Si este caso avanza viento en popa, el Congreso tendrá que decidir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que cumpla la condena. En esta etapa será decisivo el voto de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular a la cual él apoyo cuando lo necesitaron para el primer proceso de vacancia.

 

Ríos Ocsa fue condenado por la compra sobrevalorada de un terreno destinado a la construcción de un relleno sanitario, cuando era alcalde provincial de Urubamba, en el 2009. Inicialmente el dueño de la propiedad puso el precio de 250 mil dólares, pero la compraventa final se hizo por una suma mayor de 423 mil 900 dólares.

 

Fuerza Popular

Otro parlamentario contra quien existe una sentencia de cárcel efectiva es Guillermo Martorell Sobero, representante de la región Tacna, por el partido Fuerza Popular.

 

El pasado 16 de febrero, Martorell solo envió a su abogado a la audiencia de lectura de sentencia en Tacna. Allí, el Primer Juzgado de Investigación Unipersonal dio cuenta del texto íntegro de la condena: cinco años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de colusión e inhabilitación por tres años.

 

En el 2010, Martorell formaba parte del directorio de Zona Franca de Tacna y participó en la decisión de transferencia en cesión de uso de un terreno a la empresa Escorpio.

 

Esta compañía trasladó luego la propiedad a la empresa Ladrillera Maxx, de propiedad nada menos que de la familia Martorell. En buena cuenta, la gestión favoreció al entorno familiar del hoy congresista con un terreno de más de 30 mil metros cuadrados. Este caso también fue apelado, según informó a este diario su abogado, Iván Torres.

 

El Frente Amplio

El tercer congresista en sumarse a la lista de sentenciados es Zacarías Lapa Inga, representante de Huancavelica por el Frente Amplio. El lunes último, el Primer Juzgado Unipersonal de Ayacucho dictó en forma preliminar una sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, por el delito de negociación incompatible.

 

Zacarías Lapa integraba en el 2015 el comité de selección del Proyecto Especial Sierra Centro Sur que contrató a dos personas que no cumplían con los requisitos de las bases.

 

Consultado al respecto, el legislador comentó que presentará la apelación dentro del plazo de cinco días y dijo, en forma reiterada, que no cometió ningún delito.

 

“Yo ni siquiera conozco a esas dos personas que supuestamente se han beneficiado”, apuntó, al tiempo de mencionar que no hubo vulneración de las bases del proceso.

 

“Yo me someto”, agregó el parlamentario y subrayó que no entorpecerá un eventual proceso para el levantamiento de su inmunidad, en caso se ratifique la sentencia.

 

Los otros legisladores investigados

- Actualmente existen en curso investigaciones fiscales que comprometen a otros parlamentarios que son protegidos con la inmunidad parlamentaria.

 

- Tal es el caso del legislador puneño Edilberto Curro (Frente Amplio), investigado por el presunto delito de falsedad ideológica, por haber supuestamente aprobado cursos en una universidad de Azángaro sin haber asistido a clases.

 

- En tanto, hubo otro pedido para el levantamiento de la inmunidad de Richard Acuña (APP), investigado por fraude procesal, pero el expediente ha sido devuelto.

 

- A ellos se suma un procedimiento similar iniciado en el Ministerio Público para que la legisladora fujimorista Betty Ananculí responda en la investigación que se le sigue por el presunto delito contra la fe pública, por haber mentido supuestamente en su hoja de vida.

 

Erradicar la inmunidad parlamentaria

La institución de la inmunidad parlamentaria es algo que debe ser examinado de raíz. Recuérdese que, en Colombia, Pablo Escobar postuló al Parlamento precisamente para gozar de la inmunidad, y por eso en ese país fue eliminada.

 

En el Perú también se podría plantear la erradicación de la inmunidad parlamentaria, porque se trata de una decisión que depende de la asamblea y en los últimos veinte años hemos visto que ha servido fundamentalmente para protegerse. Hay quienes prefieren ir al Congreso solo para evitar ser procesados.

 

En el Parlamento también es previsible que se puedan negociar votos a cambio de evitar la inmunidad. Esto, sumado al intento de controlar el Tribunal Constitucional, podría generar que todos los excesos de este Congreso puedan quedar sin posibilidad de ser rectificados.




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