En un operativo conjunto realizado por la Municipalidad Provincial de Puno y el Ministerio Público, se descubrió que tres instituciones educativas privadas operaban sin cumplir todos los requisitos legales obligatorios. La inspección buscó verificar el cumplimiento de las normativas municipales vigentes en materia de seguridad y funcionamiento.
La fiscal Marleny Marilyn Urbina Herrera, de la Primera fiscalía provincial Especializada en Prevención del Delito de Puno, acompañó al equipo de fiscalización durante todo el operativo realizado en diversos establecimientos educativos. Las autoridades comprobaron que las instituciones contaran con certificados de seguridad y licencias reglamentarias.
Las irregularidades detectadas incluyen dos colegios sin Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE) y uno que operaba sin licencia de funcionamiento, mientras que varios establecimientos exhibían publicidad sin los permisos municipales correspondientes. Ante estas faltas, los fiscalizadores levantaron actas y plazos establecidos para la regularización.
La Subgerencia de Actividades Económicas, en coordinación con Defensa Civil, llevó a cabo esta intervención como parte de sus acciones preventivas para garantizar entornos seguros para los estudiantes puneños. Los inspectores verificaron la documentación y condiciones físicas de las instalaciones.
Tanto la Municipalidad Provincial como el Ministerio Público reiteraron a las instituciones educativas la importancia de subsanar las observaciones realizadas en el tiempo establecido por la normativa. El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la seguridad de los estudiantes y personal educativo.
Las autoridades anunciaron que comenzarán realizando inspecciones periódicas para verificar que todas las instituciones educativas privadas de Puno operen dentro del marco legal establecido y cumplan con los estándares de seguridad requeridos. El objetivo es proteger el bienestar de la comunidad estudiantil en la provincia.
