En los últimos años, la ultraderecha peruana ha desplegado una estrategia sistemática para desacreditar y minar la institucionalidad electoral, siguiendo un patrón similar al de movimientos de extrema derecha en otros países como Estados Unidos y Brasil. El epicentro de esta ofensiva ha sido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y su expresidente, Jorge Luis Salas Arenas, fundamenta el trabajo de investigación de IDL reporteros.
De acuerdo al artículo de investigación, tras la derrota electoral de Keiko Fujimori en junio de 2021, la ultraderecha inició una campaña orquestada de desinformación, hostigamiento y amenazas. El objetivo era claro; deslegitimar los resultados electorales, generar desconfianza en el sistema democrático y conquistar gradualmente las instituciones clave del Estado.
Según Jacqueline Fowks, autora de dicha investigación, las tácticas utilizadas incluyeron múltiples estrategias. Desde la presentación de cientos de recursos de impugnación sin fundamento hasta denuncias constitucionales contra Salas Arenas, pasando por ataques callejeros y mediáticos. Grupos como ‘La Pestilencia’ protagonizaron al menos 18 actos de hostigamiento contra el entonces presidente del JNE, tanto en sus sedes como en su domicilio.
En ese sentido, la comparativa con el contexto internacional revela que estas prácticas no son un fenómeno aislado. Líderes como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador han utilizado estrategias similares de negación de resultados electorales y descrédito de las instituciones democráticas.
Por tanto; en el caso peruano, la ofensiva logró avances significativos. Entre 2022 y 2023, la ultraderecha y sus aliados consiguieron el control del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Las acciones se intensificaron a medida que se acercaba el juicio oral contra Keiko Fujimori en el “caso Cócteles”, sugiriendo un intento de evadir responsabilidades legales.
De acuerdo al artículo, Las denuncias contra Salas Arenas ilustran la estrategia de diez denuncias constitucionales, siete han sido archivadas y tres continúan en trámite. Los argumentos han sido tan endebles que ni siquiera han logrado probar los supuestos fraudes electorales que alegaban.
La campaña de desinformación ha involucrado medios de comunicación, congresistas y redes internacionales de ultraderecha. Un ejemplo paradigmático es el caso de Jaime Villanueva, cuyas declaraciones sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral han sido ampliamente desacreditadas por múltiples testigos. Sin embargo, esto no ha impedido que continúen reproduciéndose estas narrativas conspirativas.
Para Fowks en la actualidad, el Congreso mantiene proyectos de ley que buscan afectar la autonomía de los organismos electorales, incluso proponiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en procesos que tradicionalmente han sido civiles. El JNE ha advertido que “la democracia en el Perú no requiere tutela militar”.
Concluyendo que, la estrategia de la ultraderecha trasciende un simple desacuerdo electoral; no obstante, resalta que representa un intento sistemático de socavar la institucionalidad democrática, utilizando la desinformación, el hostigamiento y la amenaza como herramientas para conquistar espacios de poder y evadir responsabilidades legales.
