Ecuador cumple 9 días de intensas protestas, que tienen al país a media máquina. El anuncio de nuevas medidas económicas en respuesta a un crédito por 4.200 millones de dólares que asumió el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lapidaron la relativa tranquilidad de la que gozaba Ecuador desde que se juramentó el nuevo gobierno.

Este nuevo día de tensiones, 11 de octubre, se enmarca en la retención de ocho policías y dos presuntos agentes infiltrados por parte del movimiento indígena y el funeral de un integrante del colectivo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, donde se ha concentrado gran parte de la movilización social. Las escenas de la agresión contra el periodista Freddy Paredes, del canal de televisión 'Teleamazonas', también ensombrecieron la jornada.

Cientos de indígenas de la Amazonía ecuatoriana se unieron este viernes a las protestas en la capital ecuatoriana. El clima de elevada incertidumbre, tensión y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, ponen a fuego lento a un Ecuador que en los últimos días ha visto sus avenidas convertidas en trincheras y campos de batalla y a miles de sus ciudadanos en manifestantes enardecidos, que ha dejado varios episodios de violencia.

Los gases lacrimógenos, las llantas quemadas, los heridos y detenidos ahora hacen parte de un paisaje desolador que se agrava con el paso de los días.

Nuevas medidas, alza en los precios, protestas y represión: el coctel perfecto para la crisis

La crisis estalló el 1 de octubre cuando Moreno anunció una serie de iniciativas económicas de la mano de reformas laborales, esto ante la falta de liquidez del país y ante un elevado endeudamiento público y déficit fiscal. La medida que más malestar causó fue la liberación del precio de los combustibles a consecuencia de la eliminación de los subsidios, que elevó las tarifas de los carburantes y los precios del transporte y algunos otros bienes.

Ese mismo día las personas salieron a la calle y el 2 de octubre se dio inicio a un paro de transportadores que paralizó al país. Allí el descontento subió como espuma. El FMI no tardó en reaccionar y le dio un espaldarazo al Gobierno al explicar que las medidas buscan "fomentar un crecimiento sólido e inclusivo".

Pero para el jueves 3 de octubre entró en vigor el nuevo precio del diésel que pasó de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina extra, la de mayor consumo, se cotizó a 2,30 dólares (antes estaba en 1,85). Y el descontento estalló y así los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. A renglón seguido los grupos sociales se unieron.

Como respuesta, Moreno declaró el estado de excepción y suspendió las clases en todo el país ante el calibre de las protestas que tenía enfrente. Dijo que la medida la tomaba con el fin de proteger a la ciudadanía y evitar "el caos", pero el caos, precisamente, se instaló en Quito y se extendió por todo el país.

La tensión siguió acumulándose y el domingo 6 de octubre, un día apático para las manifestaciones, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguró que estaban "cerradas" las posibilidades de diálogo con el Gobierno.

La crisis se internacionaliza: Moreno culpa a Correa y a Maduro de la inestabilidad de su país

El lunes 7, con una capital asediada por los manifestantes, Moreno decidió trasladar la sede del Ejecutivo de Quito a Guayaquil y enseguida culpó a su antecesor y antiguo aliado político, Rafael Correa, de querer asestarle un "golpe de Estado". Correa, desde Bélgica, comunica en sus redes sociales que las protestas no obedecen a un golpe sino a los errores del Gobierno y llama a nuevas elecciones como solución a la crisis. Ese día unas 447 personas fueron detenidas.

Moreno también responsabilizó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Insistió en que el proceso de desestabilización supuestamente provenía de Correa con el apoyo del mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien tildó de "dictador" y "sátrapa". Maduro, como Correa, responde, diciendo que en Ecuador "se está dando la primera insurrección popular contra el FMI de esta nueva etapa".

Ante el clima de tensión, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú al día siguiente, el 8 de octubre, publican un comunicado conjunto con el "firme respaldo" al presidente Moreno. Pero ni los manifestantes se detienen, ni la policía.

El presidente, ya ubicado en Guayaquil, emitió un nuevo decreto para restringir el libre tránsito alrededor de los edificios estatales. Además, instauró un toque de queda entre las 20:00 hasta las 5:00 de la madrugada de lunes a domingo.

La fuerza de los grupos indígenas pone presión a Moreno

Los colectivos indígenas pasaron a dirigir las protestas y empezaron a sumarse más y más, llegando de todo el país. No se trata de un contratiempo más en la compleja agenda del presidente sino de una fuerza fundamental, ya que en el pasado tres presidentes cayeron gracias a las revueltas indígenas.

El miércoles 9 de octubre, el presidente Moreno, celebró el inicio del diálogo con los indígenas y otros sectores sociales, pero de inmediato el líder sindical Mesías Tatamuez lo negó enfáticamente. Y de momento las vías siguen cerradas para Moreno, que, aunque desde el comienzo se mostró abierto a un diálogo nacional, ha respondido con mano dura a las movilizaciones.

El país continúa bajo estado de excepción, con algunas de sus principales actividades productivas a media marcha y más movilizaciones programadas para un fin de semana que incluye un día feriado que no parece detener a los manifestantes.

France24 con la información de  EFE