La propuesta de resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú, Brasil y Argentina, fue aprobada este viernes con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellos las de México y Uruguay.

La comisión "investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitraras, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014" ocurridos en Venezuela y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.

La resolución pide que esta misión, cuyos miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de derechos humanos, sea "enviada urgentemente" a Venezuela. Tras conocer el resultado de la votación, el embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió de que su país no cooperará con esta misión.

"La imposición de mecanismos de monitoreo adicionales no contará jamás con el consentimiento de mi país", dijo, subrayando que Caracas había ya acordado una "cooperación técnica" con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Los investigadores de la ONU podrían trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de Naciones Unidas que investigan los abusos en Siria o Birmania.

"Sin duda alguna (la resolución) busca entorpecer el relanzamiento de las relaciones de cooperación y de asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del alto comisionado. Razón por la cual está destinada al fracaso", agregó Valero.

La misión tendrá que enviar un informe sobre los resultados de sus trabajos durante la 45ª sesión del Consejo, en septiembre de 2020.

"Este proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo que se desarrollan entre los principales actores políticos del país", insistió Valero, refiriéndose a las conversaciones iniciadas por el presidente Nicolás Maduro con un sector minoritario de la oposición, que no incluye a Juan Guaidó, principal adversario del gobierno.


Fuente: DW