Una investigación por el presunto delito de cohecho en la Fiscalía Anticorrupción agrava el conflicto entre el Gobierno Regional de Puno y los tres obispados por el alquiler del local donde funciona el Colegio de Alto Rendimiento, en el distrito de Chucuito, provincia de Puno, según confirma el procurador Iván Zantalla tras el fracaso del proceso de conciliación iniciado para resolver la disputa contractual.
El procurador del Gobierno Regional de Puno informó que fracasó definitivamente la conciliación con el Obispado de Juli respecto al inmueble del COAR, debido a que la propiedad compartida entre Juli, Ayaviri y Sicuani requería participación conjunta de los tres representantes eclesiásticos para validar legalmente cualquier renovación contractual o pago de alquiler.
Zantalla detalló que los tres obispos debían participar simultáneamente en las reuniones de conciliación o presentar un poder legal conjunto, condición que nunca se cumplió durante el proceso, impidiendo el avance de las negociaciones y manteniendo la situación contractual del colegio en completa incertidumbre legal.
El local del COAR opera sin contrato vigente desde inicios de año, situación que ha impedido el pago de alquileres correspondientes pese a que el Ministerio de Educación asignó una partida presupuestal específica de 600 mil soles para cubrir estos conceptos durante el presente ejercicio fiscal.
El Gobierno Regional no pudo ejecutar el desembolso de los 600 mil soles asignados por el Ministerio de Educación debido a la ausencia de representación legal conjunta de los tres obispados propietarios del inmueble, manteniendo los recursos en las cuentas correspondientes sin posibilidad de utilización.
La investigación anticorrupción ya fue asumida por el área especializada tras la denuncia presentada contra funcionarios públicos por presunto cohecho, complicando aún más la resolución del conflicto contractual que afecta el funcionamiento normal del colegio de alto rendimiento en Puno.
Zantalla confirmó que los fondos asignados permanecen verificables en las cuentas institucionales correspondientes, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos actos que involucran a funcionarios públicos en el manejo de recursos destinados al pago del alquiler del COAR.
La situación contractual del COAR seguirá en suspenso hasta que los tres obispados propietarios logren un acuerdo conjunto que permita la formalización legal del arrendamiento, según advirtió el procurador regional ante la persistencia del conflicto entre las partes involucradas.
