El caso de la masacre de Juliaca, cuyo tercer aniversario se conmemoró el 9 de enero, evidencia las consecuencias de desactivar equipos especiales como el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), que ya había concluido las pesquisas y estaba en condiciones de decidir si presentaba acusación, dijo el presidente del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que tras la desactivación del Eficavip, la investigación de este caso pasará a la Fiscalía de Derechos Humanos de Puno, cuyos fiscales, aunque sean bien intencionados, enfrentarán una demora significativa antes de tomar decisiones. Este período de adaptación beneficia únicamente a los investigados por crímenes contra los derechos humanos, quienes ganan tiempo mientras los nuevos responsables se familiarizan con expedientes complejos.
Rivera señaló que esta situación demuestra cómo la desactivación de los equipos especiales favorece a los imputados. El cambio de fiscales genera un «trance» procesal que debilita las investigaciones y retrasa definiciones clave en casos sensibles para el país.
El fiscal Gálvez llegó al cargo tras una controvertida decisión del Tribunal Constitucional, que anuló su destitución previa. Cuando era fiscal supremo, fue sancionado por «inconductas funcionales» por la anterior Junta Nacional de Justicia. El TC dejó sin efecto la sanción al considerar que no pudo ejercer su defensa por haber estado enfermo de COVID, lo que permitió su retorno al Ministerio Público hace cuatro meses.
Negación del caso Cuellos Blancos
Gálvez declaró públicamente que el caso Cuellos Blancos «fue un invento», negando la mayor red de corrupción dentro del sistema de justicia peruano. Este caso involucró al Consejo de la Magistratura, cortes superiores, la Corte Suprema y fiscalías supremas, con pruebas contundentes de arreglos ilícitos y personas ya condenadas, lo que convierte sus declaraciones en un acto de defensa de los investigados.
Tras la desactivación de los equipos especiales, el futuro de las investigaciones es incierto. Los casos del equipo Lava Jato fueron derivados a fiscalías de lavado de activos, aunque el objetivo central habría sido apartar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Si bien las carpetas siguen abiertas, existe el riesgo de entorpecer las investigaciones por corrupción, indicó.
Rivera sostuvo que la desactivación de estos equipos responde a una operación política impulsada desde el Congreso, que exigía públicamente el desmantelamiento del equipo Lava Jato. La decisión, ejecutada el martes pasado, beneficia directamente a militares y policías investigados por violaciones a los derechos humanos, otorgándoles una ventaja procesal.
La disolución de los equipos especializados representa un serio retroceso en la lucha contra la corrupción y los crímenes contra los derechos humanos en el Perú. El tiempo que necesitarán los nuevos fiscales para conocer a fondo los casos pueden traducirse en retrasos graves e incluso en impunidad frente a delitos que afectan profundamente a la sociedad.
