El ciudadano Jesús Elard Amílcar Castillo Ardiles ha denunciado presuntas irregularidades en la licitación realizada por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA Puno) para la instalación de césped sintético, un contrato que supera el millón de soles.
Según Castillo, el comité de selección favoreció a una empresa familiar, Solórzano Carcausto, a través de un proceso que no cumplió con los requisitos establecidos, lo que habría generado un direccionamiento indebido de la adjudicación.
La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Puno, quien investigará los presuntos actos ilegales cometidos por miembros del comité de selección.
Castillo asegura que, durante el proceso, se otorgó la buena pro a la empresa sin que esta cumpliera con los requisitos establecidos en las bases del concurso, favoreciendo así a un grupo empresarial familiar. También se advirtió un posible favorecimiento y direccionamiento en las observaciones realizadas durante la formulación de la licitación.
Los responsables que se mencionan en la denuncia son Jaime Apomayta Choque, miembro del comité de selección; Willy Jesús Charca Condori, supervisor de obra y presidente del comité; y Fredy Aurelio Chura Zea, otro miembro del comité.
Todos ellos son señalados por presuntamente haber cometido actos irregulares que habrían alterado el proceso de licitación y otorgado de manera ilegal el contrato para la instalación del césped sintético.
La licitación se refería a la adquisición de césped artificial de 60 mm para la construcción de un campo deportivo en la UNA Puno. Según la denuncia, los indicios encontrados apuntan a que el proceso estuvo viciado desde el principio, lo que ha generado sospechas sobre la legalidad de la contratación y ejecución del contrato.
El caso ha suscitado preocupación en la comunidad universitaria, ya que este tipo de irregularidades compromete tanto la transparencia como la correcta utilización de los recursos públicos. Se espera que la Fiscalía tome las acciones necesarias para investigar los posibles delitos cometidos y que los responsables enfrenten las consecuencias legales por sus actos.
