La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió por seis meses a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras negarse a reponer a Patricia Benavides en el cargo. La decisión se tomó el 19 de septiembre de 2025 en Lima, durante una audiencia de solo dos minutos donde Espinoza no asistió. “No hay juego limpio ni debido proceso”, declaró su abogado, Luciano López, quien anunció acciones legales. La fiscal, en el cargo desde noviembre de 2024, lideraba investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte y exfuncionarios.
Espinoza denunció que la JNJ actuó con “ilegalidades e inconstitucionalidades” y advirtió que su suspensión significaría un “sometimiento del Ministerio Público”. La magistrada, elegida por la Junta de Fiscales Supremos en octubre de 2024, había presentado recursos legales que, según su defensa, fueron ignorados. La JNJ justificó la medida por “faltas graves” al incumplir una resolución administrativa.
“Esto es parte de una venganza por nuestros avances contra la delincuencia”, afirmó Espinoza en una conferencia de prensa paralela. La fiscal vinculó su suspensión con las denuncias constitucionales presentadas contra Benavides y otros políticos. Mientras, la JNJ insistió en que el procedimiento cumplió con los protocolos y que la notificación se realizó en sus domicilios de La Molina y Miraflores.
Una suspensión rápida y cuestionada por falta de garantías
El pleno de la JNJ votó la suspensión tras apartar al consejero Francisco Távara por parcialidad, al haber opinado previamente sobre el caso. La defensa de Espinoza solicitó también la exclusión de María Teresa Cabrera, ponente de la medida, por presunto conflicto de intereses. La fiscal calificó el proceso de “arbitrario” y sin garantías, recordando que su gestión impulsó denuncias contra altos funcionarios.
La resolución afecta su condición de fiscal suprema y deja en incertidumbre investigaciones clave, como la denuncia contra Benavides por presuntos actos ilícitos. “La JNJ no respondió a nuestros recursos en estricto derecho a la defensa”, reiteró Espinoza, quien cuestionó la legalidad de una decisión que, según ella, busca “descabezar la Fiscalía”.
Especialistas como Aníbal Quiroga señalaron que Espinoza “desacató los mandatos de la JNJ”, pero su defensa insistió en que la medida carece de sustento legal. “Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano”, advirtió la fiscal, subrayando el riesgo para la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial.
La autonomía institucional bajo amenaza
Espinoza advirtió que la decisión de la JNJ podría sentar un precedente peligroso para la independencia de las instituciones. “Se está amenazando a jueces y fiscales valientes”, declaró, aludiendo a las denuncias contra la Ley de Amnistía, considerada “inconstitucional”. La fiscal suspendida recordó que su gestión priorizó la lucha contra la corrupción, incluso frente a presiones políticas.
El caso ha generado división: algunos ven en la suspensión un acto de justicia, mientras otros lo interpretan como un ataque a la independencia fiscal. La brevedad de la audiencia y la exclusión de Távara por parcialidad alimentan las críticas. Espinoza, respaldada por su equipo legal, anunció que impugnará la medida ante instancias superiores.
La suspensión ocurre en un contexto de alta polarización, donde el Ministerio Público enfrenta acusaciones de politización. “Hemos denunciado a quienes investigamos y ahora nos atacan”, afirmó la fiscal, vinculando su destitución con las denuncias contra Benavides. La JNJ defendió su actuación como un “ejercicio de sus facultades”.
“La delincuencia ataca a quien la investiga”, sentenció Espinoza, recordando las amenazas recibidas durante su mandato. La decisión deja al Ministerio Público sin su máxima autoridad en un momento crítico, con investigaciones abiertas contra figuras clave del Gobierno y la oposición. El conflicto refleja la tensión entre la JNJ y el Ministerio Público, con implicancias para la lucha contra la impunidad.
